Cada 10 de diciembre el mundo recuerda la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, un documento fundacional que surgió como respuesta ética y política frente a los crímenes más atroces del siglo XX. Este día nos invita a reafirmar el compromiso colectivo con la dignidad humana, a revisar los avances alcanzados y, sobre todo, a reconocer los desafíos que aún persisten para garantizar derechos sin discriminaciones ni violencias.
En Argentina, esta fecha también coincide con el Día de la Restauración de la Democracia, un hito que recuperó el Estado de derecho y abrió el camino para reconstruir instituciones, memoria y garantías que habían sido arrasadas por el terrorismo de Estado.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, asumimos este doble significado como un llamado a la responsabilidad: fortalecer las políticas públicas que aseguren la protección de todas las personas, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.
Señalamos con preocupación que, a nivel nacional, la agenda de derechos humanos enfrenta retrocesos que interpelan directamente nuestra labor. Entre dichos retrocesos, destacamos el caso del docente y jubilado chaqueño Daniel Vera, detenido el dos de julio por expresar en sus redes sociales su posición sobre la situación en la Franja de Gaza. Este hecho constituye un antecedente grave en materia de libertad de expresión, pilar esencial de toda sociedad democrática.
Asimismo, advertimos el incremento sostenido de femicidios y de diversas formas de violencia de géneros, así como las agresiones hacia comunidades indígenas. Estas problemáticas afectan de manera directa el ejercicio de derechos fundamentales y exigen respuestas estatales integrales, coordinadas y sostenidas.
En relación con los procesos de memoria, verdad y justicia, observamos con inquietud que los juicios por crímenes de lesa humanidad se encuentran actualmente reducidos y que la mayoría de los condenados continúa cumpliendo sus penas en domicilios particulares, tal como lo señala el informe reciente de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a cargo de la fiscal federal María Ángeles Ramos. Esta situación se vuelve aún más significativa para nuestra provincia, a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario de la Masacre de Margarita Belén, y en un contexto donde los espacios de memoria y los organismos dedicados a la defensa de derechos humanos sufren procesos de desfinanciamiento que ponen en riesgo su continuidad.
A 77 años de la Declaración Universal, seguimos enfrentando heridas abiertas y deudas históricas. En el Chaco, esto incluye la lucha por la recuperación de las personas desaparecidas y la construcción de políticas que garanticen verdad, justicia y reparación.
En este 10 de diciembre, renovamos nuestro compromiso con una democracia que se sostenga en el respeto irrestricto de los derechos humanos, con instituciones fuertes y con una sociedad que pueda vivir sin temores ni violencias.