El 4 de julio de 1990 murió Juan Ángel Greco, un joven artesano de 24 años que fue detenido el 25 de junio de 1990 y trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas. Su celda fue incendiada en circunstancias no aclaradas y él sufrió quemaduras graves que terminaron provocando su muerte.

En esta 30° conmemoración de su muerte mientras se encontraba bajo la custodia del Estado, Silvio Del Balzo, presidente del Comité de Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanas y/ o Degradantes de Chaco hace un recorrido por los cambios suscitados por estos hechos y analiza la vigencia de las prácticas de Violencia Institucional que los organismos de Derechos Humanos luchan por erradicar.

¿QUÉ SIGNIFICÓ EL CASO GRECO PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN CHACO Y EN ARGENTINA?

El Caso Greco significó un ruptura provincial y nacional con respecto a la tolerancia al abuso de autoridad y a la Violencia Institucional ejercida por las Fuerzas de Seguridad en la provincia de Chaco. Fue un quiebre institucional que nos permitió empezar a plantear políticas públicas dentro del marco del Estado.

A partir de este caso se generó la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos como una fiscalía especializada que investigue este tipo de delitos; la posibilidad de sancionar estas prácticas mediante la puesta en marcha de organismos como el Órgano de Control Institucional (OCI) y, fundamentalmente, la creación de este Mecanismo. El Comité de Prevención de la Tortura, realiza monitoreos, recomendaciones y participa mediante diálogos cooperativos con los diferentes Poderes del Estado para seguir trabajando en el avance de políticas de Derechos Humanos.

¿QUÉ ASPECTOS NOS MUESTRA EL CASO GRECO QUE SE PUEDEN SEÑALAR COMO CARACTERÍSTICOS DE LAS PRÁCTICAS SISTEMATIZADAS DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL CONTRA JÓVENES ESTIGMATIZADOS?

Se pueden remarcar tres cosas: primero, la práctica sistemática de las Fuerzas de Seguridad que son herencia de prácticas de un Estado que iba en contra de todos los principios y valores que expresa la Democracia. Herencia de esa formación castrense que tiene la Policía y que se reafirmó en el proceso de la última dictadura militar en la Argentina.

Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es la población a la que generalmente esto se dirige. Siempre que tenemos la posibilidad de tomar conocimiento y visibilizar casos de malos tratos, apremios, vejaciones y todo tipo de abusos de autoridad, establecidos y tipificados como delitos dentro del Código Penal, las víctimas generalmente son personas jóvenes de barrios populares, personas humildes, cuyos trabajos tienen que ver con la venta ambulante o se realizan en la vía pública.

Existe una estigmatización de la juventud y de la pobreza, una persecución a las identidades populares que se construyen en las formas de vestirse, en prácticas de consumos culturales, en aquellos trabajos que pertenecen a la economía informal, por mencionar sólo algunas de las cuestiones más sobresalientes.

Por último, para hacer una lectura completa y poder trabajar en romper estas prácticas sistemáticas, hay que remarcar la legitimación social que esto tiene en general. La tolerancia social que existe legitima las prácticas de Violencia Institucional y hace que se sigan repitiendo en el tiempo.

¿QUÉ ANÁLISIS SE PUEDE HACER DE ESE APARATO DE IMPUNIDAD QUE PROTEGE A LOS FUNCIONARIOS CULPABLES, POR EJEMPLO, EN LA CONCESIÓN DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA A LOS POLICÍAS INVOLUCRADOS EN LOS ABUSOS COMETIDOS RECIENTEMENTE EN FONTANA?

En el caso de Fontana se demuestra que, si bien este tipo de delitos tienen un agravante por el hecho de ser cometidos por funcionarios públicos, en los procesos y por cierta empatía judicial con las Fuerzas de Seguridad de la provincia, esa cuestión se vuelve un atenuante. Hay una clara diferencia cuando los delitos son cometidos por civiles y cuando son perpetrados por funcionarios, en el trato judicial o la celeridad que se le da a los procesos y procedimientos.

La concesión de la prisión domiciliaria a los policías involucrados en los graves hechos de Violencia Institucional del 31 de mayo en Fontana es una muestra clara de esto. En el trabajo por la progresividad de aplicar políticas de Derechos Humanos en el Estado Chaqueño y establecer responsabilidades por los actos delictivos sistemáticos que tienen las Fuerzas de Seguridad deja un antecedente no muy bueno, nos hace tener un retroceso en la tarea de poner todos estos mecanismos de prevención en funcionamiento.

EL CASO GRECO DIO LUGAR AL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA DE CHACO QUE FUE EL PRIMER MECANISMO DEL PAÍS. ¿CUÁL ES EL TRABAJO QUE SE REALIZA?

Específicamente, el Comité a diferencia de otros organismos del Estado, se establece con criterios de autonomía e independencia que le permiten tener una opinión objetiva en el marco de normativas internacionales, en una situación como la que sufrió de Juan Angel Greco o lo que pasó en Fontana.

Otros organismos del Estado no pueden llegar a tener esa mirada por tener intereses involucrados, subjetividades institucionales. El Comité en su trabajo diario tiene acceso irrestricto a lugares de detención y a toda la documentación que allí se encuentre, por Ley N° 1798. B, lo que permite hacer un control y trabajar para modificar prácticas de Violencia Institucional.

ESTE AÑO HUBO AVANCES EN EL CASO GRECO, SE REABRIÓ LA CAUSA JUDICIAL Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) INSTÓ AL ESTADO CHAQUEÑO A CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ASUMIDOS. ¿EN QUÉ SE HA AVANZADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ?

El 3 de marzo se realizó una reunión con los tres Poderes del Estado en el marco de una audiencia que convocó la CIDH para consultarle al Estado chaqueño cómo se estaba desempeñando en el avance o en la progresividad institucional de la aplicación de políticas de Derechos Humanos en el marco del Caso Greco. En esa reunión se firmó un acta acuerdo en donde los tres Poderes del Estado se propusieron y comprometieron a acompañar un Proyecto de Ley para la creación de la Estructura de Cargos del Comité de Prevención de la Tortura. Porque, en definitiva, nosotros no vamos a dejar de empujar estas políticas hasta que no exista más Violencia Institucional.

¿Y EN CUANTO LOS NUEVOS PROYECTOS ENVIADOS EL 2 DE JULIO POR EL PODER EJECUTIVO A LA CÁMARA?

Desde el Comité alentamos todas las propuestas legislativas y las políticas públicas que se enmarquen en la posibilidad de seguir generando y trabajando en ampliar más el campo de los Derechos Humanos en Chaco. Estaremos haciendo nuestros aportes en referencia a los proyectos de legislación enviados el 2 de julio, como el de Reforma del Comité N° 974/20, la creación de la Dirección de Control Policial y las Guardias de 24 horas de Derechos Humanos, y trabajando en conjunto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Bienvenido sea todo lo que sea para seguir construyendo un Estado respetuoso de los Derechos Humanos. Celebramos que el gobernador haya tenido la iniciativa de trabajar en este tipo de propuestas para seguir profundizando en los compromisos asumidos con la CIDH.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENEN LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TRABAJO DEL COMITÉ EN ESTE MARCO DE PANDEMIA Y AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO?

En este contexto, la participación y el trabajo en la vida pública y política del Estado chaqueño fue importante porque permitió visibilizar muchas situaciones que se estaban dando en el marco de lo que en su momento se llamó Operativo Saturación o en el Toque de Queda Sanitario. El Comité recibió denuncias de diferentes actores y, luego de haber notificado de todas estas situaciones al Ministerio de Seguridad, se presentó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) un Hábeas Corpus Colectivo y Preventivo en favor de la sociedad chaqueña. No fue en oposición a los operativos que se daban en el marco del ASPO, pero sí pidiendo que se establezcan controles al abuso que se daba en los mismos.

Y otras de las cuestiones importantes en el marco de la pandemia fueron todos los monitoreos, las intervenciones que se hicieron en comisarías y centros de detención para personas con Covid-19 positivo, ya que permitió dar a conocer circunstancias particulares y pedir la intervención del Estado. No todos los organismos tienen la posibilidad de tener el ingreso irrestricto y de poder monitorear, supervisar y controlar todo el funcionamiento del sistema dentro de los contextos de encierro y esa fue una tarea fundamental a la que nos abocamos.

*Entrevista por Diana Della Bruna