Este viernes se cumplen 35 años del fallecimiento de Juan Ángel Greco, un caso emblemático de violación a los derechos humanos en la provincia del Chaco, que dejó un legado de lucha por la justicia que aún interpela al Estado chaqueño.

Greco, un artesano cordobés de 24 años, fue detenido ilegalmente el 4 de julio de 1990 cuando trataba de obtener asistencia policial al denunciar una agresión. Mientras estaba detenido en la Comisaría de Puerto Vilelas, se produjo un incendio en su celda, en circunstancias no aclaradas, las cuales le provocaron graves quemaduras. Estuvo hospitalizado hasta su fallecimiento, el 4 de julio de 1990, y enterrado, sin haberle hecho una autopsia. Se confirmó que el Estado no realizó una investigación adecuada para aclarar lo ocurrido, con lo cual denegó a la familia su derecho a que se hiciera justicia.

El caso Greco, tramitado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante el impulso de la mamá de Greco, con el apoyo jurídico del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), derivó en un Acuerdo de Solución Amistosa que estableció una serie de obligaciones para el Estado argentino, y específicamente para la Provincia del Chaco, en materia de reparación y no repetición.

A partir de este caso se posibilitó la creación de la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos, del Órgano de Control Institucional (OCI), dedicado a investigaciones internas en las fuerzas de Seguridad del Chaco, y del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura. Además, se reabrió la causa penal y administrativa contra los policías implicados en el hecho; se reparó económicamente a la familia de Greco y se creó una mesa de trabajo con los tres poderes, la Procuración General y el Comité para la Prevención de la Tortura, para fortalecer el trabajo de las Fiscalías y establecer políticas estratégicas que coadyuven a su mejoramiento.

En cuanto a la parte judicial, las últimas novedades del caso se remontan al 3 de julio de 2023, día en el cual la Sala Segunda en lo Criminal y Correccional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad contra la sentencia que, en octubre 2020, había absuelto a los cuatro policías imputados por la privación ilegal de la libertad y las vejaciones cometidas contra Greco. De acuerdo a la resolución de los jueces Emilia Valle y Alberto Modi, se trató de un caso de “gravedad institucional”, por lo que dieron luz verde para que sea analizado por la Corte Suprema. Los recursos habían sido presentados por la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, querellante en la causa, y por la Fiscalía de Derechos Humanos. A pesar estos avances, diversas cláusulas del acuerdo de solución amistosa permanecen con un cumplimiento parcial o nulo, generando preocupación en los peticionarios (el CELS y el CEJIL) y la propia CIDH.

Entre los puntos del acuerdo que requieren mayor atención se encuentran:

• Reapertura del sumario administrativo y acceso a la información: Aunque se reabrió el sumario administrativo N°130/91-250690-1401 y se sancionó administrativamente a algunos agentes policiales, los familiares y peticionarios no han tenido participación en el proceso de investigación ni acceso completo al expediente. La CIDH instó reiteradamente al Estado a presentar una copia completa de los expedientes de los sumarios administrativos para evaluar el cumplimiento de esta medida.
• Acceso de los familiares a las investigaciones judiciales y administrativas: Los peticionarios denunciaron la falta de participación activa y acceso a la información en los procesos penales y administrativos relacionados con el caso. A pesar de los canales de diálogo iniciados, la última reunión de la mesa de trabajo se sostuvo en junio de 2020, y los peticionarios no cuentan con información actualizada sobre los avances. La CIDH insta a las partes a trabajar conjuntamente para garantizar una participación más activa de la parte peticionaria.
• Fortalecimiento del Mecanismo Provincial para la Prevención de la Tortura: Si bien se promulgó la Ley 6483 y posteriormente la Ley 3264-B que creó y jerarquizó el Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y/o Degradantes, persisten preocupaciones sobre la suficiencia de su presupuesto y la dotación de personal idóneo. Los peticionarios señalaron que, a pesar de los avances normativos, es crucial dotar al nuevo comité de una estructura que permita la ejecución de sus funciones.
• Acentuar la tarea del Órgano de Control Institucional (OCI): Aunque se han observado avances en el proceso de selección del titular del OCI, los peticionarios aún no cuentan con información sobre la estructura y los recursos que se le asignarán, elementos cruciales para su efectivo funcionamiento y su dirección hacia una más efectiva protección de los derechos humanos por parte de la Policía de la Provincia.

En su último informe del año pasado, la CIDH lamentó la falta de participación del Estado en el mecanismo de seguimiento de este acuerdo desde hace tres años y reitera la importancia de cumplir con las obligaciones internacionales. Por su parte, la Comisión destacó la buena voluntad del Estado chaqueño para retomar los diálogos y propone la presentación de un plan de trabajo con cronogramas e indicadores claros que permitan el cumplimiento total del acuerdo en un plazo breve.

A 35 años de la muerte de Juan Ángel Greco, la sociedad chaqueña espera que el Estado redoble sus esfuerzos para saldar las deudas pendientes, garantizando justicia, reparación integral y la no repetición de hechos tan aberrantes.