En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, desde el Comité para la Prevención de la Tortura de la Provincia del Chaco reafirmamos nuestro compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia de género, especialmente aquellas que se ejercen desde las instituciones del sistema penal y penitenciario y que permanecen profundamente invisibilizadas.
Acompañamos el mensaje de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy Hernández López, quien recordó que la violencia contra las mujeres “continúa siendo una de las expresiones más dolorosas y persistentes de la desigualdad estructural en nuestra región”. Como señala la magistrada, todos los espacios —públicos y privados— deben ser seguros para que mujeres y niñas vivan en igualdad y sin violencia.
En esta fecha, queremos visibilizar una problemática que recae casi exclusivamente sobre las mujeres y que rara vez ocupa la agenda pública: el impacto que produce el encarcelamiento de un familiar.
Según el informe “El impacto de la cárcel en las mujeres familiares y las afectaciones a sus derechos humanos” de la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de Libertad (RIMUF), cuyo contenido retomamos para seguir fortaleciendo nuestro trabajo, el encarcelamiento produce un impacto devastador y desproporcionado sobre mujeres que sostienen la vida cotidiana de quienes están detenidos y de todo el entorno familiar.
Cuando un ser querido es detenido, la vida familiar se transforma por completo: se modifican las rutinas, se profundiza el empobrecimiento y se multiplican las responsabilidades. Casi siempre, es una mujer —pareja, madre, hermana o hija— quien sostiene la situación emocional, económica y logística que genera la privación de libertad. La cárcel, lejos de estar aislada del entorno social, profundiza desigualdades que recaen sobre quienes ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
A ello se suma un aspecto especialmente grave: la violencia institucional que viven muchas mujeres al momento de ingresar a los establecimientos penitenciarios. Los testimonios recabados en el informe reportan requisas vejatorias, desnudos forzados, tratos humillantes y abusivos. Estas prácticas constituyen formas concretas de violencia de género que debemos eliminar de manera urgente. La mayoría de las mujeres quisiera denunciar estos hechos, pero no sabe cómo hacerlo o teme las consecuencias, lo que evidencia fallas estructurales en los mecanismos de protección y acceso a la justicia.
El estudio de la RIMUF se basa en una encuesta respondida por 188 mujeres familiares de personas privadas de libertad en ocho países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México y Perú. Y los datos son contundentes:
– El 85% de las mujeres califica como malo o pésimo el trato del personal penitenciario durante las visitas.
– El 67% quisiera denunciar los malos tratos, pero casi un tercio no sabe dónde hacerlo y otro tercio tiene miedo. Este dato evidencia fallas estructurales en el acceso a la justicia y en los mecanismos de protección.
El estudio exhibe, además:
– Empobrecimiento acelerado: el 87% no llega a fin de mes y el 90% no recibe ayuda estatal.
– Sobrecarga de cuidados: el 86% tiene hijos a cargo y muchas deben sostener económicamente el hogar y la detención.
– Efectos graves en la salud: el 82% empeoró su salud física y el 85% su salud mental.
Estas cifras muestran que el punitivismo no solo impacta en las personas privadas de libertad, sino que reproduce desigualdades y violencias que recaen casi exclusivamente sobre las mujeres.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura afirmamos con claridad que la cárcel no puede convertirse en un espacio de violencia ni para las personas privadas de libertad ni para sus familias. Es deber del Estado garantizar un trato digno, prevenir abusos, asegurar condiciones materiales adecuadas y contemplar la perspectiva de género en todas las prácticas judiciales, penitenciarias y administrativas.