El Juzgado de Garantías de Castelli resolvió elevar a juicio la causa contra cinco policías acusados de imposición de torturas a un detenido en la comisaría de Miraflores, en 2021. La resolución fue firmada por el juez José Luis Kerbel, quien desestimó la oposición presentada por la defensa de los imputados y ordenó que el caso pase a la Cámara Multifueros de Castelli.

La causa se inició a partir de una denuncia del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco sobre hechos ocurrido el 1 de junio de 2021. Los acusados son Sergio Paulino Frías, sargento ayudante; Hugo Hernán Escobar, comisario inspector; Orlando Medina, sargento primero; Héctor Fabián Gusmán, sargento ayudante; y Ricardo Saúl Duré, oficial auxiliar.

La víctima, un hombre cuyas iniciales son W.G.A., se encontraba detenido en la celda 1 de la comisaría cuando fue sacado a la fuerza y sometido a vejámenes físicos y psicológicos por parte de los imputados.

De acuerdo con la acusación, W.G.A. se resistió a salir de su celda, aferrándose a los barrotes. En ese momento, el oficial Duré le habría propinado varios golpes, con su puño y también con una linterna. Luego habría utilizado una picana eléctrica para forzar su salida.

Ya esposado, fue trasladado a una oficina donde fue pateado, golpeado en la cabeza y en otras partes del cuerpo, y nuevamente torturado con descargas eléctricas en las costillas y zonas íntimas.

El comisario Escobar habría ordenado la introducción de un objeto de hierro en el ano de la víctima, acción que intentó ejecutar mientras otros efectivos lo sujetaban y continuaban aplicando violencia física. Mientras tanto, el sargento Frías filmaba los hechos con un celular.

Posteriormente, las imágenes fueron utilizadas para amenazar a W.G.A. con mostrarlas a su familia si no revelaba el paradero de unas armas utilizadas en delitos que supuestamente él sabía dónde estaban. Al concluir la sesión de tortura, W.G.A. perdió el conocimiento y debió ser trasladado al hospital.

Oposición y resolución judicial

Durante la audiencia de oposición, la defensa argumentó que el hecho no existió y cuestionó la falta de un informe médico que constatara lesiones. También señaló contradicciones en el relato de la víctima y adjuntó su historial clínico, que refería una patología psiquiátrica de base, sugiriendo que el relato podría no ser veraz.

Por su parte, la fiscalía y la querella particular sostuvieron la validez de las pruebas existentes. Argumentaron que el delito de tortura no solo requiere lesiones físicas, sino que también abarca el sufrimiento psicológico. Además, resaltaron la doble situación de vulnerabilidad de la víctima, al ser una persona privada de su libertad y con un padecimiento mental.

El juez Kerbel concluyó que existen “elementos de convicción suficientes” para presumir la participación de los acusados y determinó que las cuestiones planteadas por la defensa deberán resolverse en el juicio oral.

El magistrado subrayó además la condición de vulnerabilidad de la víctima, al tratarse de una persona privada de su libertad, y recordó que la Acordada 3.092 de 2009 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco adhiere a las “100 Reglas de Brasilia”, que buscan garantizar el respeto a la dignidad humana de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La investigación

Durante la pesquisa, los cinco policías se abstuvieron de declarar. Sin embargo, la Fiscalía Especial Adjunta de Derechos Humanos reunió pruebas que sostienen la acusación: informes médicos y psicológicos que acreditan las secuelas físicas y mentales de la víctima, testimonios de otros detenidos que presenciaron los hechos, registros oficiales que ubican a los imputados en la comisaría durante el hecho, y documentación aportada por el Comité para la Prevención de la Tortura.

Entre los testimonios destacados se encuentran los de tres detenidos, quienes confirmaron la violencia sufrida por W.G.A. y las amenazas recibidas para que no declararan en contra de los policías. Además, se valoró el informe del Equipo Interdisciplinario de Castelli, que identificó signos de abuso, humillación e intimidación, así como secuelas psicológicas, evaluadas conforme al Protocolo de Estambul, que reconoce la desnudez forzada y las agresiones sexuales como formas de tortura.

En su requerimiento de elevación a juicio, la fiscal Silvia Sluzar sostuvo que los cinco policías actuaron de manera conjunta y coordinada, encuadrando su conducta en la figura de coautoría.