En lo que corresponde a las niñeces y adolescencias, el Comité desarrolla visitas periódicas a Espacios Alternativos de Contención donde se encuentran bajo tutela del estado provincial niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales.

Nuestro objetivo es relevar: condiciones materiales de vida dentro de las instituciones; prácticas de cuidado y trato hacia niños, niñas y adolescentes, acceso a la salud, a la educación y a la participación comunitaria. Las inspecciones se realizan a partir de indicadores y estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos.

Las mayores urgencias que observamos son las necesidades de: incorporar personal idóneo para la atención de los Niños, Niñas y Adolescentes; equipo técnico interdisciplinario y mayor cantidad de personal. Además, notamos tanto la existencia de personal precarizado como condiciones edilicias deficientes de las instituciones.

Nuestra labor responde a lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que exigen la intervención de organismos independientes de derechos humanos para inspeccionar y supervisar los sistemas de cuidado

Los hallazgos del Comité se transforman en recomendaciones dirigidas al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Desarrollo Humano, que es el órgano responsable de gestionar articulaciones para estas instituciones. Además, trabajamos en conjunto con la Defensoría General —a través de asesoras de menores— y con la Defensoría de Niñez de la Nación, conformando un sistema de control y supervisión externa que fortalece la protección de derechos.

El CPTCh monitorea contextos de encierro en espacios tradicionales (cárceles, comisarías) y en los llamados no tradicionales como son las Residencias de Adultos Mayores, instituciones de salud mental y especialmente los Espacios Alternativos de Contención para niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales, centrando nuestra tarea en garantizar que los niños, niñas y adolescentes que viven en contextos de institucionalización lo hagan en condiciones dignas, libres de malos tratos y con pleno respeto de sus derechos.