El Encuentro del cual participó el Comité se llevó a cabo el 30 de septiembre y 1 de octubre en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se presentó la versión en castellano del «Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público», una publicación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y ACNUDH, entre otros aspectos, intercambios y recomendaciones internacionales regionales y nacionales.

El programa contó con la participación de destacadas autoridades y expertos internacionales, como el integrante del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas), Jorge Contesse; Marco Feoli del Subcomité para la Prevención de la Tortura – SPT) y la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Alice Jill Edwards.

El presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazabal subrayó “lo difícil que es entrar a lugares de encierro y ver las condiciones de allí, elaborar recomendaciones, sabemos lo que nos deja residualmente en nuestras emociones y sentimientos pensando todo lo que sucede allí”. En ese sentido “contar con aliados resulta fundamental en la defensa de los Derechos Humanos”.

A su turno, el Representante Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab indicó que “uno de los mayores temas de interés continúa siendo la situación de las mujeres privadas de libertad en América del Sur porque enfrentan desafíos estructurales que reflejan desigualdades de géneros, pobreza, discriminación”. En ese sentido enfatizó en que “muchas son encarceladas por delitos menores vinculados al narcotráfico como resultado de coerción en un contexto de una política penal en materia de drogas que suelen ser demasiado punitiva. Se persigue más bien víctimas que perpetradoras”.

Jarab; sintetizó que “la tortura y los malos tratos persisten en el hacinamiento carcelario, el uso de la fuerza y la discriminación estructural que afecta principalmente a mujeres, pueblos indígenas y migrantes”, entre otros sectores.

La prohibición de la tortura debe traducirse en prácticas que discutan la “sobrepoblación, hacinamiento, condiciones inhumanas de detención que perpetúan siglos de violencia, el uso excesivo de la fuerza”. Sin embargo, “la falta de recursos en Mecanismos de prevención limita la capacidad de actuar eficazmente”.

“Este Seminario se propone ser un puente entre lo nacional y lo internacional, el control y la cooperación, entre la memoria de las heridas y la construcción del futuro con las garantías de la no repetición”, sostuvo el Representante Regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

A su turno, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Alice Jill Edwards se refirió a que  “el hacinamiento es el más visible” en torno al riesgo de tortura y malos tratos que se pueden “medir y prevenir”; y que en “los casos en los que el personal no está capacitado hacen que las prisiones sean un terreno fértil para los abusos”.

Asimismo mencionó datos esperanzadores con respecto a la posibilidad de “mejorar las condiciones carcelarias y prevenir la tortura”. En ese sentido especificó que “en Bolivia se aumentaron los programas de capacitación y formación profesional para las mujeres detenidas incluso para el trabajo futuro en todo tipo de industrias”. Además, “en Brasil las audiencias sobre custodias permiten ahora a los jueces ver a los detenidos dentro de las 24 horas de su detención reduciendo las detenciones innecesarias. Esa simple salvaguarda ha reducido los malos tratos y la detención innecesaria”, concluyó.

En torno a Argentina resaltó su adopción a “buenas medidas durante la pandemia del COVID como autorizar el uso de teléfonos móviles” porque “el aislamiento nunca debe utilizarse como un atajo disciplinario”. En ese aspecto pormenorizó Recomendaciones tanto para las personas privadas de la libertad como para los empleados en lugares de prisiones.

“Para reducir el hacinamiento los estados deben frenar detenciones arbitrarias”, en primer lugar “profesionalizar la atención penitenciaria. La atención de la salud debe ser equivalente, los exámenes médicos deben realizarse dentro de las 24 horas desde el ingreso con acceso confidencial para la atención”. A la vez, hizo hincapié en fortalecer “los sistemas de datos que rastreen morbilidad y mortalidad, y el uso de la fuerza de manera que no se pueda ocultar los malos tratos. Las Reglas de Bagkok y Mandela son los requisitos básicos”.

Durante la jornada del 30 de septiembre también se desarrolló el panel “Mujeres privadas de libertad: sobreuso de la prisión y sus múltiples efectos” a cargo de Sonia Von Lepel (MNP; Paraguay); Claudia Castelletti (Defensoría Penal Pública de Chile); Mercedes Reyes (Jueza de Ejecución; Uruguay) y Roberto Álvaro Guzmán (MNP; Bolivia). Allí, Von Lepel sostuvo que “El informe mundial de mujeres privadas de libertad arroja el dato de que el 35 por ciento están privadas por delitos vinculados a drogas”.

“Las mujeres están sobrerepresentadas en el sistema carcelario”, sostuvo Claudia Castelletti, quien se refirió la situación en Chile, país en el que “no más del ocho por ciento (de las mujeres) comete delitos graves.

Por su parte, la mesa: “Experiencias de impulso e implementación de recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos desde los MNP” contó con la participación de Gabriela Hidalgo (MNP Ecuador); Ronilda Vieira Lopes (MNP Brasil); Camila Antero de Santana (MNP Brasil) Ariel Cejas (Procurador Penitenciario de la Nación); Kevin Nielsen (CNPT) y Daniel Soto (MNP; Chile).

Cejas insistió en la necesidad de “expandir talleres para consolidar una estrategia federal”, reiteró la “preocupación por hacinamiento carcelario” y anunció el impulso del “debate legislativo sobre ley de cupo carcelario a fin de proponer sistema de acreditación basado en DDHH”.  Mientras que Nielsen mencionó la “necesidad de tener un Registro único que integre denuncias y estadísticas en materia de tortura” para así arribar a mejores y más completos diagnósticos.

El panel “La perspectiva del Comité contra la Tortura: control del cumplimiento de la Convención en América Latina”, Jorge Contesse (Comité contra la Tortura de Naciones Unidas) aseguró que “los retrocesos que estamos viviendo son únicos”. Además, dijo que “la respuesta punitivista que América Latina ha tenido genera una superpoblación carcelaria y eso es un terreno fértil para que haya abusos con cierta potencial cultura de la impunidad”.

Contesse especificó que “las situaciones de violencia de género son por las que los países están recibiendo advertencias”, como así también “el uso desproporcionado de la fuerza que aumenta los malos tratos”. Además de la “crisis sistémica de población carcelaria, tendencias policiales para detenciones; déficit de atendimiento a la salud mental. Abuso de prisión preventiva”.

En la jornada del 1 de octubre se llevó a cabo la presentación de la versión en castellano del “Manual de referencia sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por agentes del orden público”. En la mesa participaron: Felipe González (ACNUDH; América del Sur); el especialista en acceso a la Justicia, Edwin Cantú (UNODC); Gustavo Palmieri (CNPT).

El manual ofrece recomendaciones basadas en estándares internacionales para los estados; y alguno de los elementos en los que el Manual se basa son el código de conducta y los principios básicos de empleo de la fuerza.

En torno a las reuniones y la protesta social en el marco de una movilización pacífica y procesos de detención, el documento aborda el uso excesivo de la fuerza que puede ser entendido en el marco de la tortura.

El capítulo de Investigaciones penales desarrolla “procesos de entrevistas en el marco de investigaciones penales”. En ese sentido, por ejemplo, el Manual recupera el uso desproporcionado de la fuerza con la intención de extraer confesiones, y sostiene que “en esos procesos existen cuestiones que pueden ser entendidas en el marco de la tortura”.

El último encuentro del Seminario se basó en “Los derechos de familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad” y allí se presentó la Resolución 2/2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La mesa estuvo a cargo de Andrea Pochak (Comisión Interamericana de Derechos Humanos); Andrea Casamento (Asociación Civil de Familiares de Detenidos – AciFaD) y Natalia Gabellini (CNPT; Argentina) y Mercedes

La Resolución fue adoptada por unanimidad y es el “primer pronunciamiento en el ámbito del sistema interamericano que visibiliza las afectaciones sociales, económicas y emocionales que sufren las familias de las personas detenidas; y hace un llamado a los estados para adoptar medidas que garanticen sus derechos”, detalló Pochak. Y enfatizó en que “nos referimos a familiares y a vínculos afectivos”.

El enfoque de las jornadas estuvo signado por un espacio de reflexión sobre los principales desafíos comunes en América Latina en materia penitenciaria y de violencia institucional, así como explorar nuevas oportunidades de cooperación orientadas a fortalecer la prevención de la tortura y otros malos tratos. La organización estuvo a cargo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UBA (CDHFDUBA).