Leandro Bravo tenía 37 años y vivía en Charata, le faltaba una materia para recibirse de abogado.

En 2017 comienza el historial de abuso policial cuando fue detenido y golpeado por la policía, desde ese momento su consumo problemático de sustancias se agudizó.

El 26 de febrero de 2022 murió bajo custodia policial luego de haber sido levantado de la calle, sin ofrecer resistencia y en medio de una golpiza que le propinaron en el suelo cuatro policías.

Actualmente se realizan las audiencias que llevan a los cuatro efectivos involucrados a juicio.

El Comité para la Prevención de la Tortura es querellante en la causa que investiga su tortura y muerte en contexto de encierro.