El martes por la mañana el Comité para la Prevención de la Tortura estuvo presente en la manifestación realizada en la rotonda de las Rutas Nacionales 11 y 16, de la cual participó un gran número de movimientos sociales, organizaciones sindicales y de Derechos Humanos.

La protesta se realizó en repudio a la política de recorte de fondos a los comedores comunitarios, que lleva adelante el gobierno nacional.

Esta medida deja sin alimento a miles de personas, en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país.

En línea con el Monitoreo de la Protesta Social, el Comité llevó adelante una exhaustiva observación del accionar de las fuerzas de seguridad, donde también se efectuaron recomendaciones.

Cabe recordar que en el Chaco rige la Ley 2399-J, que enmarca el accionar de las fuerzas de seguridad y establece pautas para la intervención policial tanto en manifestaciones programadas como en espontáneas.

También sostiene que se deberán agotar todos los recursos e instancias para garantizar una resolución de los conflictos y evitar que implique daños para la integridad física de las personas.

Con este fin, sostiene la normativa, se establecerán medidas tendientes a garantizar que, frente a situaciones conflictivas, la intervención de los cuerpos policiales sea progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la manifestación.

El uso de la fuerza solo debe ser utilizado como última instancia, y en caso de que corra peligro la vida de las personas.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco continua con estos monitoreos, bregando siempre porque se garantice el derecho constitucional de manifestarse y reclamar ante las autoridades, sin que por eso se deba poner en riesgo la integridad física de quienes así lo hacen.