Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco informamos que la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia fijó fecha para la realización del juicio oral y público en la causa por la grave agresión policial contra un grupo de jóvenes Qom ocurrida el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana.
El debate oral se desarrollará los días 23, 24, 25 y 30 de junio, y 1, 2, 7 y 8 de julio de 2026. Asimismo, se dispuso la realización de una audiencia preliminar para el próximo 19 de mayo. El proceso estará a cargo de la jueza Dolly Fernández.
En nuestro carácter de querellantes institucionales, luego de años de sostenido trabajo, acompañamiento a las víctimas y exigencia de justicia, continuaremos interviniendo activamente en esta instancia decisiva del proceso.
Los hechos que serán juzgados constituyeron una gravísima situación de violencia institucional perpetrado contra poblaciones vulnerables. Tal como surge de la investigación, durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, efectivos policiales irrumpieron sin orden judicial en una vivienda del barrio Banderas Argentinas, donde golpearon brutalmente a jóvenes de la comunidad Qom, incluyendo a una adolescente, y profirieron insultos discriminatorios vinculados a su identidad indígena.
Las agresiones no se limitaron al domicilio, sino que continuaron en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron sometidas a nuevos golpes, amenazas, tratos crueles y degradantes mientras se encontraban detenidas.
Diez son los efectivos policiales que estarán en el banquillo de los acusados: Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están imputados por allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González llegan a juicio acusados de vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria, Claudia Beatriz Lucena, está imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal.
Desde este Comité sostenemos que este juicio representa una oportunidad histórica para avanzar en la sanción de prácticas de violencia institucional, especialmente aquellas dirigidas contra pueblos originarios. También reafirma la importancia del control de los organismos del Estado sobre las fuerzas de seguridad y la necesidad de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.