Cada 8 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, en recuerdo de la Masacre de Budge, ocurrida en 1987, cuando tres jóvenes —Agustín Olivera, Isidro Suárez y José Luis Méndez— fueron asesinados en la localidad de Ingeniero Budge por un efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Este hecho marcó un punto de inflexión en la visibilización de la violencia policial y en la organización social frente a estas prácticas.
La violencia institucional no se limita a hechos de violencia directa. También se expresa cuando el Estado no llega, cuando no garantiza derechos, cuando hay abandono, desprotección o respuestas insuficientes. Esa ausencia convive, muchas veces, con una presencia estatal que aparece en clave de control, sanción o disciplinamiento. En esa tensión —entre el Estado que falta y el Estado que castiga— se configuran múltiples formas de vulneración que atraviesan a distintos sectores de la sociedad. En este marco, son las instituciones del sistema penal las que, por excelencia, terminan vulnerando derechos, cuando en realidad, desde una concepción liberal del derecho penal, deberían funcionar como un límite y un freno al uso desmedido del poder punitivo del Estado.
Las personas privadas de libertad, quienes viven en situación de calle, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, las diversidades, quienes ejercen el derecho a la protesta o las personas mayores, entre otros colectivos, enfrentan de manera cotidiana estas formas de violencia. No se trata de casos aislados, sino de problemas estructurales que requieren respuestas integrales y sostenidas.
Hablar de violencia institucional implica también reconocer la responsabilidad del Estado en la prevención, el monitoreo y la reparación. Supone fortalecer políticas públicas que garanticen derechos, promover prácticas institucionales respetuosas y construir mecanismos de control que eviten abusos y arbitrariedades.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco trabajamos en esa dirección: acompañando, visibilizando y generando herramientas que permitan avanzar hacia un Estado que no vulnere, sino que proteja y garantice derechos.
Este 8 de mayo es una oportunidad para reafirmar ese compromiso colectivo. Porque una sociedad más justa no se construye solo denunciando la violencia institucional, sino también transformando las condiciones que la hacen posible.