Este lunes, a partir de las 7.30, comenzará el juicio oral contra diez agentes policiales imputados por los hechos de violencia institucional ocurridos durante un operativo realizado el 31 de mayo de 2020 en el barrio Banderas Argentinas de Fontana. El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura interviene en la causa como querellante institucional y destaca la importancia de que el debate se desarrolle sin nuevas postergaciones, con perspectiva de derechos humanos e intercultural.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura informa que este lunes comenzará el juicio oral por los hechos de violencia institucional ocurridos durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de Fontana, que tuvieron como víctimas a jóvenes de la comunidad Qom.
La causa, identificada como expediente N° 12.386/2020-1, será debatida ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia y tiene diez agentes policiales imputados por distintos delitos vinculados con el procedimiento.
De acuerdo con la acusación, durante el operativo un grupo de policías ingresó violentamente a una vivienda sin orden judicial y los jóvenes que se encontraban en el lugar (entre ellos una adolescente) fueron sometidos a golpes y otros actos de violencia.
La investigación también comprende los hechos denunciados posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas fueron trasladadas y permanecieron detenidas, y en cuyo contexto fueron nuevamente golpeadas, además de sufrir todo tipo de insultos de contenido racistas y amenazas de muerte.
Los policías que llegan a juicio son Antonio Andrés Fernández, Cristian Omar Benítez, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre, Sofía Daiana González, Cristian Ariel Flores, Cristian Eduardo Foschiatti, Orlando Sergio Martín Cabrera, Sebastián Alberto Vallejos y Claudia Beatriz Lucena.
Las imputaciones varían de acuerdo con la participación atribuida a cada uno. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González están acusados por vejaciones agravadas.
Cristian Omar Benítez, Cristian Ariel Flores y Orlando Sergio Martín Cabrera enfrentan cargos por allanamiento ilegal en concurso real con vejaciones agravadas. Cristian Eduardo Foschiatti está imputado por allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica agravada y detención ilegal, todos en concurso real.
Sebastián Alberto Vallejos enfrenta cargos por vejaciones en concurso real con falsedad ideológica agravada, mientras que Claudia Beatriz Lucena está acusada por encubrimiento agravado en concurso real con detención ilegal cometida por un funcionario público.

Perspectiva intercultural y derechos de las víctimas

Para el Comité, la pertenencia de las víctimas al pueblo Qom constituye un elemento central que debe ser contemplado durante el desarrollo del proceso judicial.
“La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial”, sostuvo el organismo.
Asimismo, el Comité considera necesario que el debate garantice una participación efectiva de las víctimas, el respeto de sus derechos y una respuesta judicial dentro de un plazo razonable, conforme a las obligaciones asumidas por el Estado en materia de derechos humanos.
La perspectiva intercultural implica, en este contexto, reconocer las particularidades culturales de las personas integrantes del pueblo Qom y evitar que esas condiciones se conviertan en factores de desigualdad en el acceso a la Justicia.

El Comité, querellante institucional

El Comité interviene en el proceso en carácter de querellante institucional y participa del proceso a través de su representación legal. También interviene como querellante particular la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón.
La causa cuenta además con la participación de Amnistía Internacional Argentina como amicus curiae, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula. La traducción durante el proceso estará a cargo de Yolanda González. Asimismo, interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de las víctimas.
En el marco del proceso también fue objeto de atención la situación de Claudia Beatriz Lucena, imputada por encubrimiento agravado y detención ilegal. Mediante el Decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, se dispuso su ascenso de comisario inspector a comisario mayor mientras la causa judicial continuaba en trámite, algo prohibido expresamente en el Régimen de Promociones Policiales para efectivos sometidos a procesos judiciales.
A más de seis años de los hechos investigados, el Comité considera fundamental que el debate permita esclarecer lo ocurrido, garantizar la participación efectiva de las víctimas y sus familias y asegurar una respuesta judicial dentro de un plazo razonable, incorporando de manera efectiva la perspectiva de derechos humanos e intercultural que requiere el caso.