Entre 2022 y 2024, en el Chaco murieron 27 personas que estaban bajo custodia estatal, considerando tanto la penitenciaria como la policial. El dato está incluido en el informe “Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia”, realizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), de reciente publicación.

El documento del CNPT tiene un valor estadístico de marcada importancia. Constituye el primer registro sistemático de alcance nacional destinado a recopilar, integrar y contrastar información sobre muertes ocurridas bajo custodia estatal y durante intervenciones de las fuerzas de seguridad en la vía pública. Para el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se trata de una herramienta inédita para producir información pública y analizar la letalidad en contextos de encierro y actuación de las fuerzas de seguridad.

El relevamiento nacional fue elaborado a partir de distintas fuentes, con el objetivo de reducir el subregistro y contrastar la información oficial. Entre ellas se encuentran organismos judiciales y ejecutivos, certificados de defunción, expedientes judiciales, testimonios de familiares, monitoreo de medios de comunicación y los aportes de los mecanismos locales de prevención de la tortura. En este proceso tuvo participación el Comité Provincial, además de los reportes proporcionados por organismos policiales y penitenciarios.

El informe adopta como marco los estándares internacionales de derechos humanos, entre ellos el Protocolo de Minnesota, las Reglas Mandela y la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud. Bajo estos estándares, las muertes ocurridas bajo custodia estatal deben ser investigadas de manera oportuna, independiente y exhaustiva, debido a la responsabilidad especial que tiene el Estado respecto de las personas que se encuentran bajo su control.

MÁS DE 1.700 EN TODO EL PAÍS

A nivel nacional, el registro estableció un piso mínimo de 1.716 fallecimientos entre 2022 y 2024: 539 en 2022, 514 en 2023 y 663 en 2024.

De ese total, 1.115 muertes ocurrieron bajo custodia penitenciaria, 212 en dependencias policiales y al menos 389 durante intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública.

El informe también identifica diferencias significativas según el ámbito de custodia. En los establecimientos penitenciarios, las enfermedades representan casi siete de cada diez fallecimientos. En las dependencias policiales, en cambio, predominan las causas externas, entre ellas suicidios y agresiones, que concentran alrededor de seis de cada diez casos.

Otro de los aspectos señalados por el CNPT es el impacto particularmente fuerte del encierro sobre los varones jóvenes. El 36% de las personas fallecidas en cárceles y casi el 60% de quienes murieron en comisarías tenía menos de 40 años, una proporción muy superior a la registrada para ese rango etario en la población general.

POR ENCIMA DEL PROMEDIO

El análisis comparativo incluido en el informe permite observar la evolución de la mortalidad en contextos de encierro en el Chaco en relación con el promedio nacional.

En 2022, la provincia registró una tasa de mortalidad de 5,1 fallecimientos por cada mil personas privadas de libertad, por encima del promedio nacional de 3,7 por mil. En 2023, la tasa descendió a 2,2 por mil, ubicándose por debajo de la media nacional, que fue de 3 por mil.

Sin embargo, durante 2024 se produjo un nuevo incremento: la tasa provincial llegó a 4 muertes por cada mil personas privadas de libertad, nuevamente por encima del promedio nacional de 3,7 por mil.

El comportamiento cambia cuando se analiza específicamente la situación del Servicio Penitenciario Provincial. En 2022 se registraron 10 fallecimientos en establecimientos penitenciarios chaqueños, con una tasa de 8 muertes por cada mil personas privadas de libertad, más del doble de la tasa penitenciaria nacional de ese año, que fue de 3,5 por mil.

En los años siguientes, la mortalidad penitenciaria provincial descendió. En 2023 se registraron dos fallecimientos, con una tasa de 1,6 por mil frente al 2,9 por mil nacional, mientras que en 2024 fueron tres las muertes, con una tasa de 2,4 por mil frente al 3,4 por mil registrada a nivel nacional.

Estos datos muestran que el repunte de la mortalidad en contextos de encierro registrado en el Chaco durante 2024 estuvo concentrado principalmente en el ámbito de la custodia policial.

CONDICIONES DE DETENCIÓN

A partir de los datos relevados, las muertes ocurridas en contextos de privación de libertad o durante intervenciones de las fuerzas de seguridad no deben ser consideradas hechos aislados o meramente accidentales.

Estos fallecimientos pueden estar vinculados con deficiencias estructurales, condiciones inadecuadas de detención, dificultades o demoras en el acceso a la atención sanitaria y fallas en las garantías destinadas a proteger la vida y la integridad física de las personas bajo custodia estatal.

En ese sentido, el Comité local recuerda que el Estado provincial tiene una responsabilidad especial como garante de los derechos de quienes se encuentran privados de su libertad y debe adoptar todas las medidas necesarias para preservar su vida e integridad.

Frente a la evolución registrada y al repunte de la mortalidad durante 2024, el organismo reafirmó su compromiso de profundizar las tareas de monitoreo e inspección en los lugares de detención, promover investigaciones judiciales independientes e imparciales ante cada fallecimiento y exigir la aplicación de los estándares establecidos por el Protocolo de Minnesota.

Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en políticas públicas que garanticen una atención médica oportuna, reduzcan la superpoblación y prevengan y erradiquen las distintas formas de violencia institucional en el territorio provincial.