La actividad se realizó en la Facultad de Humanidades de la UNNE y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, integrantes de organismos de derechos humanos, representantes de fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y estudiantes. Durante la jornada se analizaron datos sobre población privada de libertad, sobrepoblación en cárceles y comisarías, sistema penal juvenil y muertes bajo custodia estatal.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el lunes la Política de Datos Abiertos del Comité, en una actividad realizada en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia. La actividad se desarrolló en modalidad híbrida, con participación presencial y virtual, y tuvo como eje la presentación de información pública sobre los lugares de privación de libertad, las personas alojadas y las muertes bajo custodia estatal, con especial atención a los datos correspondientes al Chaco.
La apertura estuvo a cargo de Claudio Núñez, decano de la Facultad de Humanidades de la UNNE; Darío Gómez, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco; y Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. La presentación central fue desarrollada por Natalia Gabellini, comisionada del CNPT, y Bernarda García, directora de Producción y Sistematización de Información del organismo nacional. El cierre estuvo a cargo de Silvina Irrazábal, directora del Área de Mecanismos Locales, Nacionales y Consejo Federal del CNPT.
También participaron los comisionados y comisionadas del Comité local Romina Duarte, Santiago Osuna, Roberto Sotelo y Bashé Charole, esta última de manera remota. Entre las autoridades presentes estuvieron Alicia Alcalá, defensora general de la Provincia; Alejandro Chain, ministro del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes; y Hugo Maldonado, subsecretario de Derechos Humanos del Chaco. La jornada contó, además, con integrantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de fuerzas de seguridad, periodistas y estudiantes.
La Política de Datos Abiertos del CNPT busca facilitar el acceso público a información producida por el organismo mediante bases de datos y tableros interactivos en formatos libres y reutilizables. El micrositio reúne inicialmente información correspondiente a 2024 del Registro Nacional de Lugares, Población y Capacidad de Alojamiento (RNLPyC) y al período 2022-2024 del Registro Nacional de Muertes (RNM). Durante la presentación también se compartieron datos del Chaco correspondientes a 2025, que aún no habían sido publicados.
La situación del encierro en el Chaco
Uno de los ejes de la exposición fue el análisis comparado de los indicadores provinciales con los del conjunto del país. En ese marco, Bernarda García presentó datos que permiten dimensionar las particularidades del sistema de privación de libertad chaqueño, especialmente en relación con el uso de las dependencias policiales como espacios de alojamiento prolongado.
Según los datos expuestos, en diciembre de 2025 la tasa de alojamiento en establecimientos policiales del Chaco alcanzaba las 100 personas cada 100.000 habitantes, frente a una tasa nacional de 28 personas cada 100.000 habitantes. Además, el 41% de las personas adultas privadas de libertad en la provincia se encontraba alojado en dependencias policiales, mientras que a nivel nacional esa proporción era del 10%.
Otro indicador significativo es el tiempo de permanencia. Mientras que el promedio nacional de alojamiento en comisarías era de siete meses, en el Chaco alcanzaba un año y dos meses. La cifra contrasta con los estándares del CNPT para establecimientos de detención provisoria, que establecen que las personas no deberían permanecer allí más de 72 horas.
En materia de capacidad de alojamiento, las dependencias policiales chaqueñas funcionaban al 136% de su capacidad oficial, lo que representa una sobrepoblación del 36%. En las cárceles provinciales, en tanto, el nivel de ocupación alcanzaba el 120% de la capacidad registrada.
La exposición también advirtió sobre la necesidad de interpretar estos indicadores teniendo en cuenta las limitaciones de los criterios oficiales utilizados para determinar la capacidad de los establecimientos. Según se explicó, esos cálculos no siempre contemplan integralmente los estándares de derechos humanos vinculados con las condiciones materiales de alojamiento y el acceso a la salud, la educación y el trabajo.
En cuanto a la población penitenciaria, el Chaco registraba una tasa de 105 personas privadas de libertad en cárceles cada 100.000 habitantes, frente a las 258 del conjunto nacional. Sin embargo, la presentación remarcó que este indicador, observado de manera aislada, no permite comprender la dimensión del encierro en la provincia, debido al peso que tienen las comisarías en el alojamiento de personas detenidas.
También se abordó la situación procesal de la población privada de libertad. Mientras que prácticamente la totalidad de las personas alojadas en cárceles chaqueñas se encontraba condenada, una parte importante de quienes permanecían en dependencias policiales todavía no contaba con una condena. La lectura conjunta de ambos registros permite advertir el papel que cumplen las comisarías en el alojamiento de personas con prisión preventiva.
Sistema penal juvenil
Otro de los temas abordados durante la jornada fue la situación del sistema penal juvenil. De acuerdo con la información correspondiente a 2024, en el Chaco se había informado la existencia de diez jóvenes dentro del sistema penal juvenil: cuatro alojados en un instituto de privación de libertad y seis bajo medidas penales en territorio, alternativas al encierro. Sin embargo, ante un requerimiento posterior de información, el CNPT recibió datos de 2025 que daban cuenta de 13 jóvenes alojados en un centro de privación de libertad y ninguno bajo medidas penales en territorio.
La exposición planteó la necesidad de analizar esta variación y determinar si responde a un cambio en las modalidades de intervención, con mayor énfasis en las medidas privativas de libertad. Asimismo, se destacó la importancia de que los debates públicos y las decisiones sobre políticas penales juveniles cuenten con información estadística verificable y accesible.
Muertes bajo custodia estatal
La presentación incluyó también los principales resultados del Registro Nacional de Muertes bajo Custodia Estatal, construido a partir de información aportada por los mecanismos locales de prevención, organismos del Poder Ejecutivo y autoridades judiciales.
Para el período 2022-2024, el relevamiento identificó 27 muertes bajo custodia estatal en el Chaco, dentro de un total nacional de 1.716 fallecimientos. El registro comprende muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios, dependencias policiales y durante intervenciones de fuerzas de seguridad en la vía pública.
Entre los datos provinciales se destacó que, a diferencia de la tendencia nacional —donde predominaban las muertes por enfermedades en establecimientos penitenciarios—, en las cárceles chaqueñas prevalecían las causas externas, categoría que incluye suicidios, agresiones y accidentes.
En el ámbito penitenciario provincial se identificaron cinco suicidios, con una edad promedio de 31 años, y dos fallecimientos por agresiones entre personas privadas de libertad. En cuanto a las dependencias policiales, se contabilizaron 12 muertes durante el período analizado. Entre ellas, el registro identificó dos suicidios, dos muertes por agresiones entre pares y una causa no determinada; tres fallecimientos fueron reportados como consecuencia de enfermedades y en otros cuatro casos no se pudo establecer el tipo de muerte.
Durante la exposición se remarcó la importancia de mejorar la disponibilidad y precisión de la información sobre estos fallecimientos. La falta de datos suficientes, así como la comunicación de muertes bajo denominaciones genéricas —como paro cardiorrespiratorio—, dificulta establecer sus causas y realizar una clasificación adecuada.
En ese sentido, se recordó que el Protocolo de Minnesota establece que toda muerte bajo custodia debe ser investigada y abordada como potencialmente ilícita, con independencia de las primeras versiones oficiales. La información reunida permite identificar patrones y orientar medidas de prevención, desde mejoras en el acceso a la salud hasta la revisión de los protocolos de uso de la fuerza, las condiciones materiales de detención y los mecanismos de rendición de cuentas.
*Información pública para fortalecer las políticas de prevención*
La presentación de la Política de Datos Abiertos constituye una herramienta para ampliar el acceso a información confiable sobre las condiciones de privación de libertad y contribuir al diagnóstico de las problemáticas que atraviesan los sistemas de detención.
Para el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, la producción, sistematización y difusión de estos datos resulta fundamental para fortalecer las tareas de monitoreo, identificar situaciones de sobrepoblación y permanencia prolongada en dependencias policiales, analizar las condiciones de alojamiento y contribuir a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La actividad permitió, además, promover el intercambio entre organismos nacionales y provinciales, instituciones académicas y distintos actores vinculados con la defensa de los derechos humanos, con el objetivo de fortalecer el acceso a la información pública y aportar evidencia para el diseño y la evaluación de políticas de prevención.