Hoy, 26 de febrero, se conmemoran cuatro años del fallecimiento de Leandro Bravo, quien murió bajo custodia policial en Charata, en 2022. Tenía 37 años y estaba a una materia de recibirse de abogado. Su vida fue truncada tras una detención violenta que terminó con su muerte en manos del Estado, que tenía el deber de protegerlo.

En noviembre de 2024, la Cámara en lo Criminal de Charata absolvió a los cuatro agentes policiales imputados por tortura seguida de muerte. Para justificar esa decisión, el tribunal dio por válida la versión policial y desestimó prueba relevante, revictimizando a Leandro y a su familia.

Frente a ese fallo, tanto la querella de la familia como la del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interpusimos recursos de casación. El propio tribunal de juicio concedió esos recursos y el expediente fue elevado al Superior Tribunal de Justicia del Chaco.

A cuatro años de los hechos, el Superior Tribunal aún tiene en sus manos la responsabilidad de revisar la sentencia absolutoria. Será la Sala Penal la que deberá resolver si confirma una decisión que, desde nuestra perspectiva, carece de fundamentación racional y resulta arbitraria, o si ordena el camino hacia una verdadera revisión judicial de lo ocurrido.

En nuestro recurso señalamos que la sentencia absolutoria presenta un sesgo negativo hacia la víctima y convalida sin un análisis integral la versión policial, fragmentando la prueba y asignando relevancia indebida a aspectos de la vida privada de Leandro. Reafirmamos que las condiciones de vulnerabilidad —como los consumos problemáticos o los padecimientos de salud mental— jamás pueden funcionar como atenuantes de la violencia estatal. Por el contrario, imponen mayores deberes de cuidado y protección.

También advertimos que no puede naturalizarse que personas en situación de vulnerabilidad encuentren como respuesta estatal la violencia letal en lugar del acceso inmediato a la salud. El Estado tenía la obligación de garantizar la integridad y la vida de Leandro desde el primer momento de su aprehensión.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reafirma su compromiso en la lucha contra la violencia institucional, y aboga por un fallo justo para Leandro Bravo y su familia.