Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco conmemoramos este 2 de abril el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha profundamente significativa para nuestro país, en la que honramos a los combatientes y rendimos homenaje a los soldados argentinos que perdieron la vida en el conflicto bélico de 1982. Recordamos que esta jornada evoca el desembarco argentino en las islas con el objetivo de recuperar la soberanía nacional.
Desde este organismo entendemos que la memoria no puede limitarse al reconocimiento del valor de quienes combatieron, sino que también debe incluir el compromiso activo con la verdad y la justicia. En ese sentido, consideramos imprescindible visibilizar las graves denuncias por torturas cometidas por oficiales y suboficiales argentinos contra sus propios soldados durante la guerra.
Valoramos y acompañamos los testimonios de excombatientes que, durante años, han relatado prácticas sistemáticas de violencia ejercidas como supuestos “castigos disciplinarios”, en un contexto atravesado por el hambre, el frío extremo y la precariedad logística. Estas prácticas incluyeron estaqueamientos a la intemperie, enterramientos, sumersión en agua helada, aplicación de descargas eléctricas, entre otros tratos crueles, inhumanos y degradantes que lesionaron gravemente la dignidad de los conscriptos.
Desde el Comité sostenemos que estos hechos no pueden ser interpretados como excesos aislados, sino que deben ser analizados en el marco de graves violaciones a los derechos humanos. Por ello, seguimos con especial atención el desarrollo de la causa judicial iniciada en el fuero federal, en la que se investigan estos delitos.
Actualmente, la causa se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá definir si las torturas perpetradas en Malvinas constituyen delitos de lesa humanidad —y por lo tanto imprescriptibles— o si deben ser consideradas delitos comunes. Entendemos que esta definición resulta clave no solo para el avance de los procesos judiciales en curso, sino también para consolidar un mensaje claro contra la impunidad.
Observamos que, a más de cuatro décadas del conflicto y a casi veinte años del inicio de las primeras denuncias, persiste una deuda del Estado argentino con quienes, además de enfrentar al enemigo externo, fueron víctimas de violencia por parte de sus propios superiores. En ese sentido, consideramos fundamental que el máximo tribunal garantice el derecho a la verdad, la memoria y la justicia.
Desde el Comité reafirmamos nuestro compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y con la erradicación de toda forma de tortura. En esta fecha, convocamos a la sociedad a sostener una memoria integral, que honre a los caídos, reconozca a los sobrevivientes y exija justicia para quienes padecieron violaciones a su dignidad.