A 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, junto al Centro de Estudios Judiciales, llevó adelante un encuentro virtual para reflexionar sobre el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y el acompañamiento a las víctimas. La actividad contó con la adhesión del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Casa por la Memoria del Chaco y el Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura.

La actividad se propuso como un espacio de análisis e intercambio en torno a los procesos de memoria, verdad y justicia, entendidos no sólo como una revisión del pasado reciente, sino como herramientas fundamentales para la consolidación democrática y la prevención de violaciones a los derechos humanos en el presente.

Bajo el título “A 50 años del último Golpe de Estado. La importancia del juzgamiento y el acompañamiento a las víctimas”, el panel reunió a referentes del ámbito judicial, de la salud mental y de los organismos de derechos humanos. A lo largo del encuentro, se abordaron distintas dimensiones del terrorismo de Estado y sus efectos, así como los desafíos actuales, en un contexto en el que ciertos consensos construidos en las últimas décadas aparecen tensionados.

Sostener principios en contextos cambiantes

La apertura estuvo a cargo del presidente del Comité, Darío Gómez, quien recuperó la trayectoria de referentes históricos de la lucha por los derechos humanos en la provincia —entre ellos, Mario Bosch, Mirta Clara de Sala y Amanda Mayor de Piérola—. En ese marco, planteó la necesidad de sostener una posición clara frente al contexto actual y afirmó: “Nuestra función no es adaptarnos al clima de época, sino sostener los principios con firmeza, con argumentos, con datos concretos y con presencia territorial”.

Asimismo, subrayó que la calidad democrática no se limita a los procesos electorales, sino que también se expresa en prácticas institucionales concretas: “La democracia también se mide por cómo se trata a las personas privadas de libertad, por la transparencia de sus instituciones y por la capacidad del Estado de sostener controles efectivos”.

El Estado clandestino y la dimensión ética de la memoria

Durante su intervención, el Dr. Jorge Auat, ex titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, propuso una lectura sobre el funcionamiento del aparato represivo durante la última dictadura. En sus palabras, “tuvimos la experiencia de un Estado clandestino operando con la violencia como instrumento para resolver conflictos”, lo que implicó una ruptura profunda del orden jurídico.

En ese sentido, señaló que la memoria no puede pensarse únicamente como evocación, sino como una dimensión constitutiva de la vida democrática: una forma de lectura del pasado que incorpora una perspectiva ética indispensable para orientar las prácticas institucionales en el presente.

Acompañamiento a las víctimas y procesos de reparación

Desde el campo de la salud mental, la Lic. Victoria Martínez —psicóloga clínica especializada en trauma y en el acompañamiento a víctimas de violaciones a los derechos humanos— abordó las consecuencias subjetivas de la tortura y desarrolló el concepto de “encerrona trágica”, entendido como una situación de desamparo extremo “donde no hay tercero de apelación ni ley”. Esta noción permite dimensionar el impacto de las prácticas represivas sobre las víctimas.

En esa línea, destacó que los procesos de juzgamiento en Argentina no sólo tuvieron efectos en el plano penal, sino también en términos de reparación simbólica: “permitieron dar entidad a la palabra de las víctimas y construir una memoria compartida, socialmente legitimada”.

Desmontar las justificaciones del terrorismo de Estado

Por su parte, el Dr. Javier De Luca, fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, analizó las construcciones discursivas que buscaron legitimar el accionar represivo, en particular la idea de una “guerra”. Frente a ello, sostuvo con claridad: “Se trató, en definitiva, de una manera brutal de gobernar”.

Su exposición apuntó a reafirmar el carácter sistemático e ilegal del terrorismo de Estado, así como la importancia de sostener criterios jurídicos claros frente a intentos de relativización.

Memoria y presente: la vigencia de los desafíos

El cierre del encuentro estuvo a cargo de Juan Manuel Irrazábal, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien vinculó las reflexiones sobre el pasado reciente con las problemáticas actuales en materia de violencia institucional. En ese marco, advirtió: “En la sociedad argentina aún se naturalizan discursos punitivistas y, en los lugares de encierro, persisten prácticas que deben ser erradicadas”.

A modo de síntesis, el encuentro reafirmó la vigencia de las políticas de memoria, verdad y justicia como pilares de la democracia argentina, así como la necesidad de sostener y fortalecer estos procesos frente a los desafíos del presente.

En este sentido, se destacó también la participación institucional del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, a través de uno de sus ministros, el Dr. Víctor del Río, quien hizo llegar su saludo y acompañamiento a la actividad, valorando estos espacios de reflexión y el sostenimiento de los consensos democráticos en materia de derechos humanos.

Lejos de constituir un ejercicio meramente recordatorio del pasado, la actividad se inscribió en una línea de trabajo que articula memoria, reflexión y acción institucional, entendiendo que la prevención de la tortura y la protección de los derechos humanos requieren no sólo una mirada histórica, sino también una intervención activa sobre las condiciones actuales.

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