Se conformó la Mesa Técnica encargada de hacer una evaluación integral de la situación del Complejo Penitenciario 1 y presentar un plan de obras y refacciones al Juzgado de Ejecución Penal, cumpliendo así con la sentencia de Hábeas Corpus dictado por la Jueza de Ejecución N°2 Ligia Duca e interpuesto por los propios internos alojados en Pabellón 10, con el acompañamiento de la Defensa Pública Oficial y el Comité para la Prevención de la Tortura (CPTCH).

La Mesa está conformada por el CPTCH, el Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco, el Servicio Penitenciario y de Readaptación Social Provincial (SPP), el Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura de Chaco, el Servicio de Agua y Mantenimiento, Empresa del Estado Provincial (SAMEEP) y la Administración Provincial del Agua del Chaco (APA).

La problemática de la distribución de agua en este Complejo es histórica y acarrea otros inconvenientes, tanto para las Personas Privadas de Libertad (PPL) como para el personal que allí desempeña sus funciones. El CPTCH busca garantizar la provisión sistemática, instando a establecer un cronograma para abastecer de agua a los internos durante la época de verano que se aproxima.

La correcta provisión de agua potable es un Derecho Humano, y como tal no debe verse afectada por la situación de privación de libertad, y se encuentra establecido en las Reglas Mínimas de Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas.