El Día Mundial de la Salud, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, es una oportunidad para reflexionar sobre el acceso efectivo a este derecho fundamental y las profundas desigualdades que aún persisten en distintos contextos. La salud no se limita a la ausencia de enfermedad, sino que implica un estado de bienestar físico, mental y social, y su garantía es una obligación indelegable del Estado.

En contextos de encierro, el derecho a la salud adquiere una dimensión crítica. Las personas privadas de libertad se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, donde las condiciones materiales, el hacinamiento, la falta de acceso oportuno a atención médica, la escasez de recursos y las dificultades en la continuidad de tratamientos impactan directamente en su integridad. A esto se suma el deterioro de la salud mental, muchas veces invisibilizado, producto del aislamiento, la incertidumbre y la ruptura de vínculos familiares y sociales.

Diversos estándares nacionales e internacionales establecen que el Estado debe garantizar a las personas privadas de libertad el mismo nivel de atención en salud que el disponible en la comunidad. Sin embargo, en la práctica, este derecho es frecuentemente uno de los más vulnerados dentro de los lugares de detención.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, se insiste en la necesidad de fortalecer las políticas públicas orientadas a asegurar condiciones dignas de detención, mejorar el acceso a servicios de salud integrales y garantizar mecanismos de control efectivos. La salud en contextos de encierro no es un privilegio: es un derecho humano básico cuyo cumplimiento resulta indispensable para prevenir situaciones de trato cruel, inhumano o degradante.

En este Día Mundial de la Salud, reafirmamos el compromiso de visibilizar estas problemáticas y de promover acciones concretas que aseguren el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, sin excepción.