En el marco del Día del Estudiante, celebrado el domingo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco advirtió sobre las dificultades que enfrentan las personas privadas de libertad para ejercer su derecho a la educación en contextos de encierro, remarcando que es fundamental reforzar las políticas públicas que aseguren el pleno ejercicio de este derecho, eliminando barreras que lo restrinjan.
El organismo fundamentó su preocupación en los datos que arrojó la primera encuesta realizada en unidades penitenciarias chaqueñas, entre noviembre de 2022 y mayo de 2023, a partir de un convenio que firmó el Comité con el Programa Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. La misma incluyó entrevistas presenciales, en condiciones de privacidad y confidencialidad, a una muestra representativa de la población privada de libertad.
Entre sus principales hallazgos, el trabajo reveló que casi la mitad de las personas encuestadas –un 48%– solo completó o no terminó la escuela primaria, y que un 7% reconoció no saber leer ni escribir. Solo un 10 % alcanzó estudios terciarios o universitarios. Estos niveles, aunque algo más altos que el promedio del país reportado por el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (65% con primaria completa o menos), reflejan la persistencia de una población penitenciaria con bajos niveles de escolaridad.
En relación con la participación en actividades educativas, la encuesta indicó que casi seis de cada diez personas entrevistadas realizan algún tipo de actividad educativa dentro de la prisión, la mayoría en niveles primarios y secundarios. Sin embargo, cuatro de cada diez no estudian, y en muchos casos no por falta de voluntad, sino por problemas de cupos, obstáculos en los traslados o ausencia de una oferta educativa adecuada. Además, se observó que las sanciones de aislamiento disciplinario suelen implicar la exclusión de las actividades educativas en curso, lo que plantea serias dudas de constitucionalidad por tratarse de la suspensión de un derecho fundamental.
El relevamiento también mostró que la mayoría de quienes participan de actividades educativas valoran positivamente su experiencia y dedican entre cinco y diez horas semanales al estudio. No obstante, la presencia de educación terciaria y universitaria es muy reducida, con poco más del cinco por ciento de los encuestados cursando estudios terciarios y apenas un uno por ciento estudios universitarios.
La situación se vio agravada en marzo de este año con el retiro de teléfonos celulares personales, lo que dificultó o impidió a muchas personas privadas de libertad continuar con sus estudios virtuales, rendir exámenes y mantener contacto con docentes. Este impacto fue uno de los puntos destacados por el Superior Tribunal de Justicia en su sentencia 183/25, que declaró la inconstitucionalidad del bloqueo permanente de señal de telefonía e internet en las cárceles chaqueñas por considerarlo una medida desproporcionada y violatoria de derechos fundamentales.
En su resolución, el STJ subrayó que el acceso controlado a dispositivos tecnológicos demostró beneficios concretos para la población penitenciaria, entre ellos la continuidad educativa y el acceso a formación profesional, herramientas esenciales para la reinserción social y laboral. El tribunal ordenó al Poder Ejecutivo provincial implementar un nuevo régimen que garantice el acceso a internet mediante dispositivos provistos por el Estado, habilitar espacios para llamadas privadas, establecer horarios adecuados para fines educativos y laborales, y crear canales de reclamo ante eventuales vulneraciones de derechos.
Finalmente, el Comité recordó que el derecho a la educación está garantizado por un amplio abanico normativo local, nacional e internacional integrado por la Ley de Ejecución Penal Nº 24.660, las Reglas Mandela y de Bangkok, la Ley Nacional de Educación Superior Nº 24.521 y la Ley Provincial de Educación Nº 1887-E.