El sábado 19 de julio de 1924 durante la mañana, un centenar de integrantes de las fuerzas de seguridad del territorio nacional se acercó a la zona de El Aguará, en la denominada “Reducción de Indios Napalpí” y ejecutó una balacera que hoy se conoce como la masacre de Napalpí. En ese hecho, y según la reconstrucción histórica, alrededor de 400 y 500 personas de la comunidad qom y moqoit (junto a campesinos santiagueños y correntinos) que se encontraban realizando una huelga para reclamar por las condiciones de esclavitud a las que estaban sometidos, fueron asesinados, mutilados, exhibidos y enterrados en fosas comunes.
El juicio realizado después de 98 años marcó un precedente tras convertirse en la primera matanza hacia los pueblos originarios, cuya sentencia se enmarcó bajo la nomenclatura de juicio por la verdad, una categoría utilizada para los crímenes de lesa humanidad que resultan imprescriptibles.
– La legitimación de las violaciones de los derechos humanos, sobre todo en la provincia del Chaco, tiene un capítulo muy fundamental en la masacre de Napalpí, un hecho que contribuyó a instalar una cultura donde la violencia estatal hacia los pueblos originarios era considerada aceptable o necesaria para mantener un orden.
Quien categoriza es Aldana Martín Gonzales. Tiene 30 años, pertenece a la comunidad qom y vive en Resistencia. Sostiene que “la importancia de este hecho no solo radica en la brutalidad, sino en la forma en la que fue ocultado y justificado por todas las autoridades”, ya que “durante décadas fue un episodio silenciado, con discursos oficiales que negaban la reparación a las víctimas”. Reconocerlo, dice, “es un antecedente clave para entender la continuidad histórica de la violencia institucional en nuestro país”.
Ante la pregunta de si es posible una reparación colectiva anclada en la memoria, la verdad y la justicia, la joven qom resalta lo intergeneracional y describe la reparación como “un impulso de fuerza, para que esta masacre no solamente nos deje dolor sino también sea un capítulo fortaleza por toda esa lucha y ese dolor de nuestros antepasados”. Y añade: “que los niños puedan crecer conociendo su cultura, sin miedo, sin vergüenza y sin que sean señalados”.
Aldana, que integra el Consejo Nativo de la Mujer Indígena del Chaco (CoNaMICh) refleja que en la actualidad “aunque no se repitan los hechos con la misma impunidad el racismo no ha desaparecido: se expresa en la falta de derechos básicos, en la invisibilización de nuestras culturas, en los prejuicios en los medios (de comunicación), en los prejuicios sociales y en las prácticas cotidianas que sufrimos los pueblos indígenas”. La mirada de la juventud se circunscribe en que “hablar de Napalpí no es sólo mirar al pasado sino entender cómo ciertas lógicas de exclusión siguen vigentes e interpelándonos”.
Fabian Valdez (33) es del pueblo moqoit, ejerce la docencia y forma parte de la Comisión de Programas de Pueblos Indígenas de la Facultad de Humanidad de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). “La masacre de Napalpí fue parte de un genocidio que deshumanizó a los pueblos indígenas para explotar su mano de obra”, resalta. Y aclara: “sus fundamentos ideológicos y racistas persisten. Se manifiestan en sutilezas como barreras en el acceso a oportunidades”.
Destaca el juicio por la verdad que “ha sido crucial para romper con esa lógica en reconocimiento de los crímenes”. Y en torno a su grupo de pares jóvenes indígenas resalta que “el aniversario no es solo una conmemoración sino una oportunidad para la recuperación de su memoria y entidad”, y que en los calendarios escolares del Chaco se está incluyendo la fecha; y se está distribuyendo información y material bilingüe que aborda la temática.
“Repensar a partir del proceso de reconstrucción de la memoria histórica de la masacre de Napalpí, y de la mal llamada campaña del Desierto en el norte de Argentina tiene que ver con lo que está plasmado en nuestra constitución a partir de la reforma de 1994, que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas”, contextualiza, por su parte, el fiscal federal ad hoc en causas de lesa humanidad de Chaco, Diego Vigay.
El magistrado que participó en el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí sostiene que a dicho genocidio es preciso “tomarlo en la dimensión de que fue el estado argentino, junto con los grandes sectores de poder y económicos los que lo llevaron adelante”. Y añade que “todavía está pendiente, en el marco de nuestra democracia un reconocimiento de lo que pasó”, ya que “las secuelas se siguen reproduciendo hasta la actualidad porque todos los pueblos indígenas han quedado excluidos por todas estas décadas”.
Con respecto a si cree que es posible una reparación colectiva anclada en la memoria, la verdad y la justicia en torno a la fecha, responde que tras “las heridas provocadas por una masacre de estas características es imposible hablar de una reparación absoluta porque es un daño inconmensurable que de ninguna manera podrá repararse”. Sin embargo, “lo que se intenta a través de la reparación histórica o integral” mediante “la sentencia (judicial) son herramientas valiosas que intentan redignificar a las víctimas, reconocer el derecho a la verdad que tienen los descendientes, y todo lo que hace a la no repetición”.
El fiscal señala con preocupación que “existen muchísimos sectores de la sociedad, incluso actores sensibilizados con la temática e informados que desconocen las características de una masacre tan emblemática como lo fue la masacre de Napalpí”.
Vigay trazó una analogía entre el contexto actual y el de la masacre signados por “los discursos de odio e intolerancia hacia el otro, idénticos a los que provocaron la Masacre de Napalpí”. Acerca de dicho tópico señaló que cree “que se está generando una situación de violencia que debería ser inadmisible en los marcos de nuestra democracia y nuestro estado de derecho”.