Tras la advertencia de nueve Relatorías Especiales y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas sobre graves violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social en Argentina, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) ratificó su compromiso en el monitoreo y la promoción de derechos frente a la creciente criminalización de la protesta. En sintonía con los organismos internacionales, el Comité provincial impulsó una serie de acciones para proteger la libertad de expresión y reunión pacífica en el territorio chaqueño.
En mayo pasado, el CPTCh presentó en Resistencia sus “Recomendaciones sobre el Derecho a la Protesta Social”, elaboradas junto al Ministerio Público de la Defensa del Chaco, con el acompañamiento del Comité Nacional de Prevención de la Tortura. El encuentro —que contó con la participación de organizaciones sociales, sindicales y referentes de pueblos indígenas— incluyó una videoconferencia con la Relatora Especial de la ONU, Gina Romero, quien alertó sobre los intentos de “criminalizar y estigmatizar la protesta social”.
Desde fines de 2023, el CPTCh monitoreó 26 manifestaciones públicas en el Chaco, relevando situaciones preocupantes como el despliegue policial desproporcionado, la falta de identificación del personal de seguridad y el hostigamiento a periodistas y observadores de derechos humanos. “Nuestra tarea no es simbólica: el respeto a la protesta social es esencial para la democracia”, remarcó la presidenta del Comité, Bashe Charole.
El organismo recordó además que el protocolo antipiquetes del Ministerio de Seguridad de la Nación no tiene vigencia en Chaco, y que en la provincia rige la ley 2399-J, que promueve la resolución pacífica de conflictos y limita el uso de la fuerza.
Advertencia internacional
El reciente informe de Naciones Unidas destaca un deterioro grave y sostenido de las libertades fundamentales en Argentina desde diciembre de 2023, a partir de la aplicación del protocolo antipiquetes y otras reformas legales regresivas.
El documento, firmado por nueve Relatorías y Grupos de Trabajo, señala con preocupación el uso desmedido de las fuerzas de seguridad, detenciones arbitrarias y discursos oficiales hostiles hacia organizaciones sociales y quienes ejercen el derecho a manifestarse.
Entre otras observaciones, la ONU cuestionó la utilización de figuras penales vagas para perseguir manifestantes, la participación indebida de fuerzas como Prefectura y Gendarmería en protestas, y el intento de calificar políticamente las movilizaciones como actos de terrorismo.
También advirtió sobre el hostigamiento a jueces que garantizan derechos básicos, como el debido proceso o la libertad durante manifestaciones. En este marco, valoró especialmente el trabajo de monitoreo realizado por organismos como la Comisión Provincial por la Memoria y los mecanismos locales de prevención de la tortura, claves para visibilizar la violencia estatal y exigir responsabilidades.