A 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la memoria en la Argentina no remite solo al pasado, sino que interpela de manera directa el presente. La última dictadura cívico-militar instauró un sistema planificado de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas, en el marco de una estrategia regional. Como señala el presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, Darío Gómez, “la implementación del Plan Cóndor en América Latina, y particularmente en nuestro país, instaló un modelo de saqueo y depredación de nuestros recursos, de persecución, secuestros, torturas, desapariciones, de apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio, la guerra de Malvinas, entre otras aberraciones cometidas”.

Ese proceso encontró un límite en la resistencia social. “La lucha y resistencia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con el acompañamiento de los organismos de derechos humanos y sectores movilizados, lograron frenarlo y expulsarlo del gobierno con la recuperación de la democracia; luego siguieron 43 años de alternancia constitucional, en donde podemos destacar como patrimonio de la sociedad, las banderas de Memoria, Verdad y Justicia, que abrieron la puerta a un proceso muy interesante de ampliación de derechos, expresados en el fortalecimiento estatal a través de una agenda de políticas públicas de inclusión”, sostiene Gómez quien cuenta con más de 40 años de militancia en derechos humanos y una extensa trayectoria en la construcción de políticas públicas, organismos y espacios vinculados a memoria, identidad y lucha contra la discriminación.

El comisionado Santiago Osuna, integrante de H.I.J.O.S. Regional Chaco, ha desarrollado una trayectoria sostenida en derechos humanos, con responsabilidades en la Comisión Provincial por la Memoria y en procesos de diseño e implementación de políticas y espacios de memoria en la provincia. En ese marco, destaca los “hitos clave de la historia apenas recuperada la democracia como los primeros pasos de las políticas de memoria, verdad y justicia”, y puntualiza: “las acciones llevadas adelante en ese período, como el impulso del juicio a la Junta militar, la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI)”. Asimismo, remarca “los grandes avances a partir de la declaración de nulidad de las leyes de impunidad, que permitió avanzar con el juzgamiento efectivo a los genocidas”, proceso que derivó en “alrededor de 1200 condenados por delitos de lesa humanidad”.

La memoria, en este marco, implica también una responsabilidad activa. En la Argentina, la prohibición de la tortura es absoluta y cuenta con jerarquía constitucional a través de distintos instrumentos internacionales, lo que obliga al Estado a prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia institucional.

Esa dimensión preventiva adquiere especial relevancia en el contexto actual. Gómez advierte que “el retroceso actual, el negacionismo, y el incremento de medidas regresivas y punitivistas, nos marcan algo muy importante que debemos asumir, una realidad palpable: … que los avances y conquistas en derechos humanos no son irreversibles. No están garantizados por inercia, ni sobreviven por costumbre. Se sostienen o se erosionan”. En ese sentido, agrega: “hoy, en nuestro país, asistimos a discursos y prácticas que relativizan garantías, que banalizan el sufrimiento en contextos de encierro, que reinstalan una lógica punitivista que coloca al castigo por encima de la dignidad. Se naturaliza la violencia institucional como si fuera una herramienta legítima de gobierno. Se desacreditan organismos de control. Se cuestiona la propia idea de que el Estado deba rendir cuentas cuando ejerce fuerza y viola los ddhh”.

En la misma línea, Osuna señala que “no se puede obviar el momento complicado en el que el negacionismo y el apologismo del terrorismo de estado son impulsados desde el gobierno nacional, que en más de una ocasión banalizó la cifra de desaparecidos y desaparecidas”, aunque subraya la capacidad histórica de respuesta del movimiento de derechos humanos y de amplios sectores de la sociedad.

Frente a este escenario, Gómez encuadra la tarea del Comité en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura: “fue concebido justamente para estos momentos. Para cuando el poder tiende a cerrarse sobre sí mismo. Para cuando el encierro se vuelve opaco. Para cuando la lógica de seguridad pretende desplazar a la lógica de derechos”. En ese marco, sostiene: “los mecanismos de prevención no son adversarios del Estado. Son herramientas del Estado democrático para evitar que el poder se degrade en abuso”. Y enfatiza: “prevenir la tortura no es proteger ‘delincuentes’, como sugieren algunos. Es proteger la legalidad, la democracia y, sobre todo, proteger a la sociedad del uso arbitrario de la fuerza”.

Desde una perspectiva institucional, Osuna remarca que estos organismos “constituyen la institucionalización de la lucha que surgió desde organizaciones de la sociedad civil”, consolidándose como herramientas clave para el desarrollo de políticas públicas en derechos humanos.

Pensar el presente en relación con el pasado reciente implica, para Gómez, asumir desafíos concretos: “el principal desafío es entender que debemos erradicar la matriz política, económica y socio cultural, instalada en la dictadura cívico militar”. Para ello, plantea la necesidad de convocar “a los poderes del Estado a asumir su responsabilidad indelegable, a la sociedad civil a no naturalizar el maltrato en lugares de encierro; y a los trabajadores del sistema penitenciario, policial y de seguridad a comprender que el respeto a los derechos humanos no debilita su tarea, la legitima”.

Con una definición contundente, concluye: “la prevención de la tortura no es una agenda del pasado. Es una disputa del presente. Y en tiempos de retrocesos discursivos y materiales, nuestra función no es adaptarnos al clima de época, sino sostener principios. Con firmeza, argumentos, con datos que surjan de nuestra presencia territorial y monitoreo constante”. Y agrega un criterio central para medir la calidad institucional: “la democracia no se mide solamente por elecciones periódicas. Se mide por cómo trata a las personas privadas de libertad. Se mide por la transparencia de sus instituciones. Se mide por su capacidad de aceptar controles”.

A medio siglo del golpe, el compromiso con el Nunca Más se expresa también en estas prácticas concretas: monitoreo, producción de información, diálogo institucional y promoción de derechos. Porque prevenir la tortura no es una consigna: es una obligación legal y una responsabilidad democrática.