El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco comparte las conclusiones del informe anual 2024 titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos”, documento difundido por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

El informe revela que el Chaco no escapa al nuevo récord histórico de encarcelamiento alcanzado por Argentina.

La población penitenciaria en Argentina ascendió a 121.443 personas a fines de 2024, marcando una tasa de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes. En ese marco, el Chaco fue una de las jurisdicciones que registró un incremento interanual de encarcelamiento del 3,7% (comparación entre los años 2023 y 2024), guarismo que representa aproximadamente la mitad del aumento registrado a nivel nacional.

Al cierre de 2024, la provincia contaba con 1.263 personas privadas de la libertad en el ámbito penitenciario, lo que representa una tasa de encarcelamiento de 101 personas cada 100.000 habitantes. Esta cifra se encuentra por encima de las registradas en Chubut, Neuquén y Tucumán.

El informe confirma, además, un dato alarmante: el hacinamiento carcelario se mantiene en las provincias. En el Chaco, de acuerdo con los datos de 2024, se registraron 1.263 personas encarceladas en 1.204 plazas, lo que equivale a una ocupación del 104,9%. Estas cifras evidencian una situación similar a la media nacional, que alcanza el 130%, con 121.000 personas privadas de la libertad alojadas en apenas 93.000 plazas.

La medida del encarcelamiento: tipos de delitos

El informe del CNPT destaca que en el Chaco prevalecen los delitos contra las personas (38,8%), seguidos por los delitos contra la integridad sexual (37,9%) y contra la propiedad (18,4%). Les siguen los delitos vinculados a estupefacientes (3,9%), contra la libertad (0,7%) y contra la administración pública (0,1%). Cierran las categorías “sin datos” y “otros delitos”, con el 0,1% cada una.

La población encarcelada es mayoritariamente joven: casi siete de cada diez personas tienen entre 21 y 39 años, con una mayor concentración en el rango de 30 a 39 años (34,4%). En el Chaco, este último rango etario es el que registra la mayor cantidad de personas alojadas en cárceles locales (32,3%). Le sigue el grupo de 21 a 29 años (28,3%) y el de 40 a 49 años (21,1%). En el rango de 18 a 20 años se registra un 0,8% de personas alojadas, mientras que quienes tienen más de 60 años representan el 5,7% de la población.

La privación de la libertad afecta mayoritariamente al género masculino. Se registraron 1.250 varones y 13 mujeres en establecimientos penitenciarios locales. Al analizar la distribución por género entre las jurisdicciones, se observan algunas diferencias en la composición. Formosa presenta el mayor porcentaje de mujeres encarceladas, con el 8,3%, seguida por el ámbito federal (7,4%) y por Salta y San Luis (6%). Por su parte, Mendoza registra la menor proporción, con un 2,5% de mujeres en la población encarcelada. En el Chaco, el porcentaje de mujeres privadas de la libertad es del 4,2% respecto del total de personas alojadas. El informe sostiene que en el Chaco no hay personas no binarias en situación de detención.

Situación procesal

En relación con este aspecto, de las 1.263 personas alojadas en el Chaco, 1.207 cuentan con condena (95,6%), mientras que 56 se encuentran en situación de proceso (4,4%). Por su parte, Neuquén presenta el 99,6% de personas condenadas. En el extremo opuesto, en Córdoba y Formosa solo cinco de cada diez personas se encuentran detenidas con condena, superando ampliamente la media nacional, que se ubica en el 62%.

Estos guarismos muestran que, en la práctica, los sistemas acusatorios generan una mayor cantidad de condenas, aunque sin un impacto significativo en la reducción del encarcelamiento.

Este fenómeno se vincula con otro eje de especial interés para el CNPT, observado de manera sistemática: el monto de las condenas impuestas a la población encarcelada, con especial énfasis en las penas de hasta tres años.

De acuerdo con el artículo 26 del Código Penal de la Nación, los tribunales están facultados para disponer que estas penas sean de ejecución condicional, siempre que se cumplan determinadas condiciones, excepto en los casos en que la persona registre condenas anteriores.

En general, se trata de delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple, estafa y defraudación, daños, lesiones, encubrimiento e infracciones a la ley de drogas, entre otros. Las personas condenadas a penas de hasta tres años —es decir, por delitos de baja o nula lesividad— representan el 17% (12.787 personas) de la población condenada y alojada en cárceles del país.

“Este dato es de suma relevancia en términos de política criminal, dado que estas condenas corresponden a delitos excarcelables bajo determinadas condiciones que, por su naturaleza, podrían admitir la aplicación de medidas alternativas al encierro”, explica el documento.

Al analizar la composición de las condenas de hasta tres años por jurisdicción, se observan diferencias significativas. San Juan presenta la mayor proporción, ya que estas penas representan el 26,1% del total de personas condenadas. Le siguen el Servicio Penitenciario Federal y Mendoza, con el 22,7% y el 22,3%, respectivamente. En el extremo opuesto, las provincias del Chaco y Corrientes registran los porcentajes más bajos de condenas cortas, alcanzando ambas jurisdicciones el 4,1% del total de personas penadas.

Estos porcentajes se explican, en parte, porque las condenas son incrementadas por encima de los tres años —por decisión de la agencia judicial— en función del tipo de delito y/o de la estigmatización social y política construida desde una matriz sociocultural hegemónica, con el objetivo de impedir la aplicación de los institutos de excarcelación.

El desafío de las comisarías

Además de las cifras vinculadas al encarcelamiento en el ámbito de las administraciones penitenciarias, desde el Comité local advertimos, en consonancia con el CNPT, que la situación de detención en comisarías continúa siendo un punto crítico del sistema de encierro.

El informe nacional subraya que el uso de establecimientos policiales para alojamientos prolongados constituye una grave consecuencia de la sobrepoblación, y que estas dependencias no cuentan con la infraestructura ni el personal adecuados para garantizar los derechos fundamentales.

“El problema del aumento constante del encierro penal y su impacto en la sobrepoblación se produce desde hace varias décadas, como resultado de la combinación de múltiples factores”, indica el Comité Nacional.

“Entre ellos se encuentran el incremento de la severidad de la legislación penal; el uso excesivo de la prisión preventiva; la práctica judicial reticente a aplicar medidas alternativas a la prisión y a conceder los cada vez más restringidos institutos progresivos y liberatorios previstos por la ley; el aumento de las personas privadas de la libertad condenadas a penas cortas; y la ausencia de mecanismos judiciales y ejecutivos destinados al control de la sobrepoblación”, añade.

Si bien el organismo reconoce el esfuerzo realizado por los poderes ejecutivos locales para ampliar la capacidad de alojamiento de los establecimientos de encierro, sostiene que se trata de una vía que “por sí sola resulta insuficiente para lograr una efectiva descompresión del hacinamiento”.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco reafirmamos nuestro compromiso con el monitoreo constante de los lugares de encierro. Los datos del CNPT constituyen una herramienta fundamental para orientar las intervenciones institucionales y asegurar que la privación de la libertad se ajuste estrictamente a los estándares internacionales de derechos humanos, que en nuestro país poseen jerarquía constitucional.