Los resultados de un monitoreo se plasman en recomendaciones a las autoridades competentes para que hagan cumplir la pena privativa de libertad a las personas procesadas y condenadas sin que esto afecte sus derechos humanos. Estas recomendaciones, que son la consecuencia del análisis multidisciplinario llevado a cabo por el Comité, definen y priorizan las acciones que se concretarán para garantizar el respeto por los derechos humanos en situaciones de privación de la libertad. Se realizan para aportar a la solución de los problemas, establecer un marco estructurado para el diálogo con las autoridades. A su vez, funcionarán como base de evaluaciones y seguimiento periódicos que éstas llevarán a cabo. En caso que considere pertinente, el Comité podrá convocar a los funcionarios y empleados de los organismos vinculados con los centros de detención a fin de que brinden explicaciones e informaciones sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación sin que éstas puedan oponer reserva alguna.
