El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco manifiesta su preocupación por los hechos de represión registrados en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la movilización vinculada al debate por la reforma laboral, donde se produjeron intervenciones de fuerzas de seguridad que afectaron a manifestantes y a personas que se encontraban realizando tareas de observación.
En ese contexto, el presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, Juan Irrazábal, fue alcanzado por el accionar de las fuerzas intervinientes mientras cumplía funciones institucionales de monitoreo. Se trata de un hecho de suma gravedad, no solo por la afectación personal sufrida, sino por lo que implica en términos institucionales: obstaculizar la labor de un organismo creado por ley para supervisar el accionar estatal y prevenir hechos de violencia institucional.
El mandato del Comité Nacional y de los mecanismos locales, como el de nuestra provincia, se sustenta en estándares constitucionales e internacionales que obligan al Estado a garantizar el derecho a la protesta, así como a asegurar que toda intervención de las fuerzas de seguridad se rija por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
En la provincia del Chaco, el Comité también realizó el monitoreo de la manifestación desarrollada en Resistencia en el mismo marco de protesta contra la reforma laboral. Si bien la movilización chaqueña transcurrió sin incidentes de violencia física, se observó una presencia desproporcionada de efectivos de distintas fuerzas de seguridad que generó una sensación de control excesivo y tensión innecesaria, aun cuando no se registraron hechos de violencia ni enfrentamientos. Asimismo, se advirtió que el propio despliegue operativo, por su magnitud y modalidad, terminó generando restricciones y demoras en la circulación vehicular y peatonal, situación que resulta contradictoria con el objetivo invocado de preservar el normal tránsito y el orden público. Esta sobrerrepresentación de fuerzas en una protesta pacífica evidencia una lógica de ampliación del accionar policial más allá de lo requerido para garantizar la seguridad ciudadana.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco expresamos nuestra solidaridad con el presidente del Comité Nacional y nuestro enérgico repudio frente a cualquier forma de violencia institucional. Asimismo, instamos a que los hechos ocurridos en Buenos Aires sean investigados de manera pronta e imparcial, a fin de determinar responsabilidades y adoptar medidas que eviten su reiteración.
Reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, el monitoreo independiente del accionar estatal y el fortalecimiento de canales institucionales que permitan tramitar los conflictos sociales en un marco democrático y respetuoso de las garantías constitucionales.


