El 23 de diciembre, el Dr. Gonzalo García Veritá, Juez de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de Juan José Castelli, resolvió hacer lugar al Habeas Corpus presentado por el Comité de Prevención de la Tortura en favor de las mujeres privadas de su libertad en la Comisaría Segunda de dicha localidad. El Comité había constatado que las condiciones materiales de detención eran violatorias de los Derechos Humanos consagrados en tratados internacionales y presentó un Habeas Corpus para que el Estado tome las medidas necesarias y corrija la situación.
El Juez García Veritá, resolvió hacer lugar a la acción y, en consecuencia, “requerir al Ministerio de Seguridad y Justicia, para que, en coordinación con la Jefatura de Policía de la Provincia de Chaco y otros organismos del Estado de la Provincia en el marco de sus competencias, en el término de 60 días, presenten a estos actuados un Plan de Abordaje de Acceso de Derechos para las mujeres detenidas en la Comisaría Segunda de Juan José Castelli”.
INTERVENCIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA
La abogada Carolina Aquino, trabajadora del Comité de Prevención de la Tortura en Juan José Castelli, se presentó el 1 de diciembre en la Comisaría Segunda para realizar un relevamiento de las condiciones en las que se hallaban las mujeres detenidas. “Ellas me contaron que no estaban en su celda de siempre, la Nº 3, que las habían alojado en el garaje porque habían recibido detenidos de la Comisaría de Tres Isletas y decidieron alojar a las mujeres en el garaje. En ese lugar no tenían un baño y dependían del llavero para poder acceder al mismo. Tampoco tenían camas, dormían con colchones en el piso y el espacio era muy reducido. Se les había cortado el patio y estaban a la vista pública porque el garaje da a la vereda”, relató.
Ese mismo día la Dra. Aquino se comunicó con el presidente del organismo, Silvio del Balzo, y con la Miembro Dafne Zamudio, y se decidió interponer un Habeas Corpus. Este fue admitido y se constituyó el Juez en las instalaciones de la Comisaría ese mismo día. “El Dr. García Veritá se entrevista con cada una de las detenidas que le manifiestan otros problemas, como las cuestiones de salud, la falta de controles ginecológicos y que, cuando están en su celda correspondiente ellas comparten el sector con el sector de hombres. Esto último generaba en ellas un temor y una inseguridad”, agregó Aquino.
LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ GARCÍA VERITÁ
La resolución del 23 de diciembre indica que se prevea especialmente: “a) La adecuación edilicia para garantizar el alojamiento de las mujeres en condiciones de seguridad respecto de los varones alojados, así como un sanitario adecuado que funcione según la demanda de las mujeres allí alojadas, b) La provisión de elementos de higiene personal y un programa de acceso a la salud integral”.
A su vez, manifiesta que se debe alojar a las mujeres en la Celda Nº 3, adonde habitualmente residían, además de “tener presente, los compromisos asumidos y cumplidos por el Ministerio de Salud Pública y la Municipalidad de Juan José Castelli en el abordaje de demandas específicas de las Mujeres Alojadas” y “exhortar al Ministerio Público de la Defensa, a la realización de entrevistas periódicas con las mujeres detenidas, para el acceso a la información vinculada a sus causas judiciales”.
Por último, la resolución del Juez dispone “la convocatoria a Mesa de Diálogo y Articulación de forma bimensual con las partes participantes”. Al respecto, la Dra. Carolina Aquino expresó “que es lo valioso de esta sentencia: no termina la cuestión con el dictado de una sentencia e imponiendo obligaciones al Estado provincial, sino que deja abierta esta mesa de diálogo para reuniones periódicas”.
Con respecto al fallo, el presidente del Comité expresó: “Lo que quiero resaltar es que el Dr. García Veritá siempre fue un Juez garantista, siempre se brindó y tuvo predisposición para trabajar en conjunto con nosotros en este tipo de situaciones con personas privadas de su libertad. Cada vez que hacemos un planteo, el Dr. se hace presente en el lugar, toma contacto para realizar las valoraciones necesarias y llegar a una resolución que se ajuste a derecho”.
Finalmente, Del Balzo destacó: “El trabajo del Comité en el interior viene demostrando hace un tiempo una fuerte injerencia en relación con violaciones a DDHH a personas privadas de su libertad. No es la única intervención que hemos hecho en este contexto de pandemia, que fue muy difícil. Nuestro trabajo siempre está enfocado a ir mejorando y generando los espacios necesarios para poder discutir con aquellos que son responsables de resolver estas situaciones, poniendo las herramientas necesarias para que estas respuestas se lleven adelante”.