En el día de ayer se llevó a cabo una reunión de trabajo en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, con la participación de actores clave del sistema judicial, del Ministerio Público de la Defensa, del Comité para la Prevención de la Tortura y del Servicio Penitenciario Provincial, junto a representantes de las personas privadas de libertad (PPL) de todos los pabellones.
Del encuentro participaron la jueza de Ejecución Penal N°2, Ligia Alejandra Duca; la defensora general adjunta del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia del Chaco, Dra. Gisela Gauna Wirz; y las defensoras Dra. Paula Cuenca Torres y Dra. Patricia Aleksich. Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Comité para la Prevención de la Tortura, entre ellas su presidente Darío Gómez, la vicepresidenta Romina Duarte y el comisionado Santiago Osuna.
Por parte del Servicio Penitenciario, participó el jefe del Complejo Penitenciario I de Resistencia, alcaide principal Juan Alberto Martínez, junto a su equipo interdisciplinario.
Durante la reunión se abordaron diversas problemáticas vinculadas a las condiciones de detención y al acceso a derechos fundamentales. Entre los principales ejes de trabajo se destacaron las cuestiones relacionadas con la salud —con especial énfasis en la salud mental—, el régimen de visitas, la infraestructura del establecimiento —particularmente la provisión de agua—, así como el acceso a la educación, la recreación y el cumplimiento en tiempo oportuno de las salidas transitorias, entendidas como una herramienta clave para promover procesos reales de reinserción social.
Asimismo, las personas privadas de libertad que participaron como representantes de los distintos pabellones pudieron plantear de manera directa sus inquietudes y necesidades, generando un espacio de intercambio que permitió visibilizar situaciones concretas y avanzar en posibles líneas de solución.
Se destacó la importancia de sostener estos espacios de diálogo institucional como herramientas fundamentales para mejorar las condiciones de detención y garantizar el pleno ejercicio de derechos.
Este tipo de encuentros contribuye a fortalecer la articulación entre los distintos organismos involucrados y a consolidar un enfoque centrado en los derechos humanos dentro del sistema penitenciario.