En relación con los hechos de público conocimiento ocurridos el pasado fin de semana en Taco Pozo —cuando un grupo de médicos voluntarios de la Fundación Todos x Todos, de la provincia de Córdoba, sufrió un procedimiento policial violento y arbitrario a cargo del comisario Augusto Melchiori, constituyendo graves violaciones a los derechos humanos—, este organismo recuerda que viene interviniendo en la localidad desde el 30 de octubre de 2024, fecha en la que recibió la denuncia del intendente Carlos Antonio Ibáñez.

En aquella presentación, el jefe comunal advirtió sobre el accionar del comisario de la localidad, denunciando abuso de poder, detenciones arbitrarias y uso abusivo de la fuerza.
Ante la denuncia, el CPT interpuso una acción de hábeas corpus colectivo, preventivo y correctivo ante el Juzgado Correccional N° 2 de Presidencia Roque Sáenz Peña, que dio lugar a la causa “CPT s/ hábeas corpus colectivo” (Expte. Nº 13546/2024-2).

Durante 2025, el CPT intervino nuevamente frente a nuevos hechos de violencia policial registrados en febrero, entre ellos contra adolescentes, lo que motivó la remisión de denuncias a la Fiscalía de Derechos Humanos y al Órgano de Control Institucional (OCI).
Cabe destacar que la fiscalía especializada ya acumulaba cinco denuncias contra el comisario Melchiori, y el OCI también había intervenido en reiteradas ocasiones. Pese a ello, las prácticas de abuso continuaron, confirmando un patrón de inconductas disciplinarias y hechos delictivos. Además, revelan lentitud, o directamente, falta de investigación administrativa y sanciones disciplinarias ante los hechos previamente denunciados.

Frente a los últimos sucesos, el CPT tomó en contacto inmediato con el OCI, la Fiscalía de Derechos Humanos y la Fundación Todo x Todos, a fin de recabar información precisa sobre los hechos y coordinar acciones conjuntas.
Asimismo, el Comité formalizará en los próximos días una denuncia específica sobre este último episodio y evalúa la posibilidad de constituirse en querellante en la causa penal en curso.

El Comité ratifica su compromiso de seguir trabajando junto a las instituciones del Estado y la sociedad civil para garantizar que estas prácticas cesen de manera definitiva.