El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chaco, mediante la Resolución Nº 385/2025, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y declaró la nulidad parcial de la sentencia de la Cámara Segunda en lo Criminal que había absuelto a funcionarios policiales en una causa vinculada a hechos ocurridos el 25 de mayo de 2017 en la Comisaría de La Leonesa, en perjuicio de Miguel Alejandro Ayala.
El recurso fue presentado por el entonces presidente del Comité, Kevin Nielsen, con el patrocinio letrado del Dr. Roberto Claudio Luis Sotelo, actual comisionado del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, quien intervino en el proceso en representación de la querella institucional, en el marco de las funciones legales del organismo.
Estándares probatorios en contextos de encierro
En su resolución, el Superior Tribunal de Justicia señaló que la sentencia absolutoria no cumplió con los estándares de fundamentación exigibles en causas que investigan hechos ocurridos bajo custodia estatal, al basarse en una valoración parcial de la prueba producida.
El Tribunal observó que la decisión cuestionada otorgó especial relevancia a registros y actuaciones policiales sin un análisis integral en relación con otros elementos probatorios, relativizó el testimonio de la persona denunciante por su carácter singular y exigió la constatación de lesiones físicas visibles para la acreditación del delito. En ese sentido, recordó que el marco normativo nacional e internacional reconoce que la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes pueden manifestarse también a través de afectaciones psíquicas graves, debidamente acreditadas por pericias especializadas.
Asimismo, el STJ destacó la importancia de considerar de manera fundada los informes psicológicos oficiales, especialmente cuando estos aportan indicadores clínicos compatibles con experiencias traumáticas, y de analizar cada situación a partir de sus circunstancias concretas.
Decisión y proyección institucional
A partir de estos lineamientos, el Superior Tribunal resolvió hacer lugar al recurso de casación, declarar la nulidad parcial de la sentencia absolutoria y reenviar la causa al tribunal de origen, con una nueva integración, para la realización de un nuevo juicio.
El fallo reafirma la responsabilidad del Estado de garantizar investigaciones eficaces, decisiones judiciales debidamente fundamentadas y el acceso efectivo a la justicia de las personas que denuncian hechos de violencia institucional. En ese marco, también pone de relieve el rol que cumplen los Mecanismos de Prevención de la Tortura en el acompañamiento de estos procesos, aportando una mirada especializada que contribuye al fortalecimiento del sistema de justicia y a la prevención de prácticas incompatibles con los derechos humanos.