Durante la Dictadura cívico-eclesiástico-militar impuesta a nuestro país desde 1976 a 1983 las Fuerzas Armadas ejercieron tortura, secuestro, desaparición forzada de personas y robo de bebés, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Se torturó a presxs políticxs de forma sistemática para obtener información y para gobernar por el miedo, inculcando el temor en las víctimas inmediatas y en todxs aquellxs que tomaban conocimiento directo o indirecto del uso de la tortura.

Con la vuelta de la Democracia, muchas de las prácticas represivas enquistadas en las Fuerzas de Seguridad continuaron vigentes, la matriz cultural impuesta en base al terrorismo de Estado permeó las estructuras sociales dando paso a prácticas de violencia institucional que aún perduran.

El Comité para la Prevención de la Tortura tiene entre su finalidad y funciones la de velar por las personas que se encuentran bajo custodia del Estado y erradicar la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes en los ámbitos de privación de libertad.

Es tarea y responsabilidad del Estado y de todos sus organismos promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos, fortaleciendo la democracia con más Memoria, Verdad y Justicia. ¡Nunca Más!