Hoy, 8 de mayo, día de lucha contra la violencia institucional, reafirmamos nuestro compromiso con los Derechos humanos.

En conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, establecido por la Ley N° 26.811 en recuerdo de la Masacre de Budge ocurrida el 8 de mayo de 1987, desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco recordamos el compromiso con la defensa de los derechos humanos y la promoción de políticas públicas que garanticen un accionar estatal respetuoso de la dignidad humana.

La violencia institucional, entendida como todo abuso de poder ejercido por agentes del Estado —especialmente de las fuerzas de seguridad— afecta los derechos y libertades de las personas y constituye una grave amenaza al Estado de derecho.

A casi cuatro décadas de aquel hecho en la historia de las luchas por justicia en nuestro país, seguimos observando un sinfín de situaciones que evidencian la persistencia de estas prácticas.

Recientemente, se han registrado en la provincia detenciones arbitrarias, además de la exhibición pública de personas privadas de su libertad en traslados que fueron mediatizados al extremo en contextos que no sólo violan su derecho a la intimidad y a un trato digno, sino que también son utilizados con fines propagandísticos por parte del gobierno provincial. Dichas prácticas son catalogadas como improcedentes desde el punto de vista jurídico y ético,

Asimismo, expresamos nuestro rechazo a la adquisición de pistolas Taser, dispositivos que han sido cuestionados por organismos internacionales de derechos humanos por su uso como forma encubierta de tortura y por el riesgo que implican para poblaciones en situación de vulnerabilidad. La implementación de este tipo de armamento debe ser reconsiderada a la luz de los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de prevención de la tortura y trato cruel, inhumano o degradante.

Cabe mencionar los hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde manifestantes —en su mayoría jubilados que protestan pacíficamente cada miércoles— son sistemáticamente reprimidos por fuerzas de seguridad, como así también el ensañamiento con trabajadores de prensa, como el caso del fotoreportero Pablo Grillo, que aún se encuentra internado.

El exceso en el uso de la fuerza por parte de la policía también se dio en marchas de jubilados en Resistencia, donde el Comité reportó lo sucedido. Dicho accionar no sólo criminaliza la protesta social, sino que atenta contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

Un capítulo específico son los crímenes de odio como el triple lesbicidio de Barracas (ciudad Autónoma de Buenos Aires), ocurrido el 6 de mayo de 2024. En su informe sobre Violencias hacia personas LGBT la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía que los crímenes por cuestiones de géneros se perpetran en contextos previos de elevada deshumanización y discriminación.

Hoy, 8 de mayo, no sólo es una fecha para la memoria, sino también para la acción. Exigimos el cese de la violencia institucional en todas sus formas, el respeto a los derechos humanos por parte de todos los organismos del Estado -tanto provinciales como nacionales- y la rendición de cuentas por parte de quienes incumplen estos principios.

El camino hacia una sociedad más justa, inclusiva y democrática se construye con verdad, justicia y respeto por la dignidad humana.