El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participó de la primera sesión ordinaria del Consejo Federal de Mecanismos Locales, realizada el 14 de abril de 2026 en la sede del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El encuentro reunió a representantes de los mecanismos locales de todo el país, junto a autoridades del organismo nacional y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, con el objetivo de fortalecer la articulación federal y analizar la situación actual de los contextos de encierro en Argentina.
Un espacio de articulación federal
El Consejo Federal de Mecanismos Locales constituye el ámbito de coordinación entre los organismos provinciales y el CNPT. Estas instancias de trabajo permiten intercambiar diagnósticos, unificar criterios de intervención y definir líneas de acción comunes frente a problemáticas estructurales vinculadas a la privación de la libertad.
Los mecanismos locales de prevención de la tortura son organismos encargados de monitorear, controlar y promover condiciones dignas en lugares de detención. En el marco del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, tienen entre sus funciones realizar inspecciones, elaborar recomendaciones, y promover el cumplimiento de estándares de derechos humanos.
Diagnóstico: hacinamiento y restricciones de derechos
Durante la jornada se abordaron problemáticas críticas que atraviesan el sistema penitenciario y las comisarías a nivel nacional. Entre ellas, se destacó la persistencia de graves niveles de hacinamiento, así como restricciones en el acceso a derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, particularmente en lo que respecta al derecho a la comunicación.
Asimismo, se remarcó la necesidad de fortalecer los sistemas de registro y monitoreo, como herramientas clave para dimensionar estas problemáticas y orientar las políticas públicas.
Agenda de trabajo 2026
En el encuentro se definieron los principales ejes de trabajo para el año 2026, que guiarán la intervención de los mecanismos locales en todo el país:
- Control del uso de la fuerza en movilizaciones sociales
- Abordaje de la salud mental en contextos de encierro
- Seguimiento de la responsabilidad penal juvenil
- Garantía de derechos de los pueblos indígenas privados de libertad
- Reforma del reglamento del Consejo Federal
- Monitoreo de regímenes de “alto perfil” y condiciones de aislamiento
Estos lineamientos buscan consolidar una intervención integral, con enfoque de derechos humanos, frente a las distintas formas de vulneración que se registran en contextos de encierro.
Participación del Chaco
El Comité del Chaco estuvo representado por su presidente, Darío Gómez, quien participó de las instancias de intercambio junto a los demás mecanismos provinciales.
En relación con el análisis realizado durante la reunión, Gómez señaló:
“En lo que respecta a los mecanismos locales, se analizó la situación de cada provincia, se brindaron informes y, en el caso particular de Chaco se sigue con expectativa el proyecto para incorporar al Comité Provincial como organismo de control con rango constitucional.”
Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer institucionalmente el organismo:
“Se planteó la necesidad de una respuesta legislativa que permita dotar de una estructura al Comité y regularizar la situación del personal que trabaja en el organismo.”
En ese sentido, expresó también preocupación por el contexto actual:
“Se manifestó con mucha preocupación la crisis financiera que atraviesa el mecanismo y se espera una pronta respuesta del Gobierno para su resolución.”
Entre los ejes específicos que afectan a la provincia, el presidente del Comité subrayó:
“Existe preocupación por el retroceso en el derecho a la comunicación en contextos de encierro, particularmente en relación al uso de telefonía celular.”
Finalmente, agregó:
“Se analizó el incremento en los reclamos vinculados a la atención de la salud mental y la problemática del suicidio, que requieren un abordaje urgente.”
La participación en este espacio federal permite fortalecer el trabajo territorial del organismo, articulando con otras jurisdicciones y consolidando estrategias comunes para la prevención de la tortura y los malos tratos.