VIOLENCIA POLICIAL CONTRA JÓVENES QOM: DICTARON LA PRESCRIPCIÓN DEL ALLANAMIENTO ILEGAL Y UNA POLICÍA RECONOCIÓ QUE LAS VÍCTIMAS ESTABAN LESIONADAS

 

En la octava audiencia del juicio por los hechos de violencia policial ocurridos en Fontana en mayo de 2020, el tribunal sobreseyó parcialmente a dos policías por el delito de allanamiento ilegal, al considerar extinguida la acción penal por el paso del tiempo. La querella de las víctimas y el Comité para la Prevención de la Tortura se opusieron y anticiparon que recurrirán la decisión. Además, una de las imputadas no se presentó y una policía reconoció que las jóvenes estaban visiblemente lesionadas y cuestionó la violencia ejercida en la comisaría. La tía de una de las víctimas relató que un efectivo le apuntó con un arma para impedir que interviniera.*

 

Seis años después de los hechos y tras sucesivas postergaciones del debate oral, el juicio por la violencia policial contra integrantes del pueblo Qom en el barrio Banderas Argentinas de Fontana sumó una nueva jornada atravesada por planteos judiciales, testimonios y cuestionamientos sobre el accionar de los efectivos que intervinieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020.

La octava audiencia que se sustanció en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia comenzó con la ausencia de la imputada Sofía Daiana González. Ante su incomparecencia, todo el bloque acusador solicitó que fuera declarada en rebeldía y se ordenara su detención. Sin embargo, el tribunal rechazó el planteo y permitió que la policía participara de manera virtual, mediante una videollamada.

Luego, el tribunal resolvió una cuestión que había sido introducida por la defensa en la segunda audiencia del juicio: la prescripción de la acción penal por el delito de allanamiento ilegal.

Tras la decisión judicial, la audiencia continuó con la declaración de la policía Agustina Cardozo y, finalmente, con el testimonio de Karina Chávez, tía de Rebeca Garay, una de las jóvenes que sufrió la intervención policial.

 

Demoras judiciales

 

La presidenta del tribunal, Dolly Fernández, dio lectura a la sentencia que hizo lugar al planteo formulado por el defensor oficial Cristian Festorazzi, en representación de Orlando Cabrera y Cristian Foschiatti. De esta manera, declaró extinguida por prescripción la acción penal y dispuso el sobreseimiento parcial y definitivo de ambos imputados exclusivamente por el delito de allanamiento ilegal, previsto en el artículo 151 del Código Penal. La resolución no alcanza a las restantes acusaciones, por lo que el juicio continuará respecto de esos dos policías y de los demás efectivos imputados.

Frente a la decisión, Karina Paz, defensora oficial en representación de las víctimas, interpuso oralmente un recurso de revocatoria y cuestionó que las consecuencias de la demora en la convocatoria al juicio oral recaigan sobre las víctimas. Sostuvo que ellas no son responsables del tiempo transcurrido hasta la realización del debate y que no corresponde que deban soportar las consecuencias de las dilaciones del propio sistema judicial.

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco adhirió al planteo de la defensora oficial y a sus fundamentos. Sin embargo, el tribunal resolvió mantener su decisión y rechazar la revocatoria.

La controversia no está cerrada: las partes cuentan con un plazo de diez días para recurrir la sentencia y la querella anticipó que podrá llevar la discusión ante el Superior Tribunal de Justicia mediante un recurso de casación.

 

Lesiones

Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el de Agustina Cardozo, quien al momento de los hechos se desempeñaba en la fuerza policial y tenía funciones de jefatura en el dispositivo de seguridad. Durante su declaración reconoció que las jóvenes estaban visiblemente lesionadas y que se encontraban bajo su custodia cuando fueron trasladadas al hospital Fleitas.

Al ser consultada sobre lo ocurrido en la Comisaría Tercera de Fontana y luego de que le exhibieran registros audiovisuales de la dependencia, fue contundente respecto del accionar de sus compañeros: «No fue correcto el accionar violento de los policías en la comisaría».

Cardozo también reconoció en las imágenes a los efectivos Fernández y Flores, además de identificar a Orlando Cabrera, quien se encontraba vestido de civil, con un buzo a rayas y pantalón de jean. Explicó que Cabrera se desempeñaba entonces como llavero de la dependencia policial y que su función principal era velar por la integridad física de las personas detenidas.

En otro tramo de su declaración, relató que escuchó el grito de una de las jóvenes y que ordenó a los agentes que las rodeaban que se alejaran. Según indicó, los policías acataron esa instrucción.

La testigo también aportó información sobre la cadena de responsabilidades dentro de la dependencia. Explicó que el efectivo de mayor jerarquía debía comunicar las detenciones a las autoridades correspondientes, entre ellas el Juzgado del Menor y la Fiscalía. En aquella oportunidad, sostuvo, la policía de mayor rango era la comisaria Claudia Beatriz Lucena, también imputada en esta causa.

Otro aspecto relevante de su declaración estuvo vinculado con las actuaciones del Órgano de Control Institucional (OCI), el organismo encargado de las investigaciones internas de la Policía. Cardozo manifestó que durante su intervención ante esa dependencia se sintió intimidada. No obstante, aclaró que cuando declaró ante la Fiscalía estuvo nerviosa, pero que nunca se sintió amenazada ni coaccionada para declarar.

Ante una pregunta de la jueza Dolly Fernández, negó haber mentido en su declaración ante el OCI y ratificó lo que había manifestado en aquella oportunidad, cuando identificó a los policías Fernández y Flores.

 

“Un policía me apuntó con un arma”

 

La audiencia también contó con el testimonio de Karina Chávez, tía de Rebeca Garay, quien reconstruyó el miedo que vivió durante el operativo policial de aquella madrugada.

Chávez relató que uno de los efectivos le apuntó con un arma de fuego para impedir que interviniera en defensa de su sobrina mientras era detenida. Su declaración volvió a poner en evidencia el nivel de intimidación que atravesaron los familiares durante el procedimiento.

También describió las consecuencias que tuvo lo sucedido para Rebeca después de recuperar la libertad. Según contó, la joven quedó profundamente traumatizada: no podía hablar y solamente lloraba, sin poder contar lo que había vivido dentro de la comisaría.

El testimonio aportó una dimensión sobre las consecuencias de la violencia institucional que excedieron las agresiones físicas y alcanzaron también a los familiares que presenciaron el operativo.

 

Funcionarios del OCI

Durante la jornada, la querella del Comité para la Prevención de la Tortura solicitó que sean convocados a declarar los funcionarios del Órgano de Control Institucional que tomaron las declaraciones a los policías durante las actuaciones administrativas posteriores a los hechos.

El pedido se fundamentó en que esos funcionarios fueron mencionados por los propios efectivos policiales durante las audiencias y sus intervenciones podrían resultar relevantes para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron aquellas declaraciones.

La solicitud adquiere especial importancia a partir de los testimonios que dieron cuenta de posibles situaciones de intimidación durante las actuaciones internas de la fuerza.

 

Seis años después

 

Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Lo hicieron sin orden judicial y sometieron a integrantes de dos familias del pueblo Qom a golpes, amenazas, vejaciones y otros actos de violencia institucional, tanto en el domicilio como posteriormente en la dependencia policial.

La causa llegó a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate atravesó sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Recién el 5 de octubre de 2026 comenzaron las audiencias.

Diez efectivos policiales están imputados por los distintos delitos de vejaciones agravadas, falsedad ideológica, encubrimiento agravado y detención ilegal. En el proceso intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género de la provincia y el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco. También participa Karina Paz, defensora oficial que representa a las víctimas. Amnistía Internacional Argentina interviene como amicus curiae y la traducción e interpretación de la lengua Qom está a cargo de Yolanda González. El tribunal de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia está integrado por Dolly Fernández, como presidenta, y los jueces Ernesto Azcona y Cristina Pisarello.

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