Juicio por violencia institucional en Fontana: las agresiones contra las víctimas Qom volvieron a quedar expuestas durante la audiencia

 

 

Durante la séptima jornada del juicio por las agresiones contra integrantes de dos familias del pueblo Qom en el barrio Banderas Argentinas, el testimonio de un efectivo policial expuso contradicciones con sus declaraciones anteriores, permitió identificar a agentes que participaron de los procedimientos y generó cuestionamientos sobre el uso de la fuerza. El debate oral continuará este martes 17 de noviembre.

 

El jueves 12 de noviembre se desarrolló la séptima audiencia del juicio oral y público que investiga los hechos de violencia institucional cometidos contra integrantes de dos familias del pueblo Qom en Fontana, en mayo de 2020. Durante la jornada declaró Jorge Daniel Fernández, oficial auxiliar de la Policía del Chaco, quien se desempeñaba en la Comisaría Tercera de esa localidad al momento de los hechos.

 

Su testimonio estuvo marcado por contradicciones respecto de las declaraciones que había prestado durante la investigación administrativa y por sus respuestas ante la exhibición de registros audiovisuales de las agresiones denunciadas.

 

Identificación de efectivos y contradicciones en el testimonio

 

Fernández manifestó conocer a la mayoría de los policías imputados y explicó que cumplía funciones administrativas en la Comisaría Tercera de Fontana, donde trabajó durante aproximadamente cuatro años y medio.

 

Durante su declaración, ratificó reconocimientos realizados previamente ante el Órgano de Control Institucional (OCI), en los que había identificado a los efectivos Latorre, Benítez, Lucena y Foschiatti. También señaló que, al observar registros audiovisuales de los hechos, había reconocido a Sofía González en una secuencia donde se observa una agresión contra una joven.

 

Sin embargo, tanto la Fiscalía de Derechos Humanos como la querella señalaron contradicciones entre sus respuestas durante la audiencia y la declaración testimonial que había prestado el 15 de octubre de 2020.

 

En distintos momentos del interrogatorio, Fernández sostuvo que había sido obligado a declarar ante el OCI. Frente a estas afirmaciones, la jueza Dolly Fernández le recordó que prestar declaración constituye una obligación para las personas citadas en el marco de una investigación judicial o administrativa.

 

Por su parte, la Fiscalía hizo referencia al artículo 98 de la Ley Orgánica Policial, que establece el deber del personal policial de colaborar con las investigaciones.

 

Cuestionamientos sobre el uso de la fuerza policial

 

Uno de los momentos más relevantes de la audiencia se produjo durante la exhibición de registros audiovisuales que documentan las agresiones denunciadas en el barrio Banderas Argentinas.

 

Al ser consultado sobre los procedimientos policiales, Fernández explicó que el ingreso a una vivienda puede realizarse ante situaciones de flagrancia y que la utilización de la fuerza debe ser progresiva. No obstante, inicialmente evitó pronunciarse sobre las acciones observadas en los videos, argumentando que no había participado del operativo.

 

Ante las preguntas sobre los golpes propinados a una de las víctimas dentro de su vivienda, la jueza le solicitó que respondiera concretamente si consideraba correcta o incorrecta esa actuación.

 

Fernández calificó como “correctos” los golpes de puño que se observaban en las imágenes contra Delio, una de las víctimas del procedimiento.

 

Durante la jornada también se exhibieron fotografías de las personas que presentaban lesiones. La defensa objetó las preguntas dirigidas al testigo sobre esas imágenes, argumentando que no contaba con conocimientos médicos para determinar la existencia de lesiones.

 

La jueza rechazó la objeción y permitió continuar con el interrogatorio. Posteriormente, la Fiscalía retomó declaraciones anteriores de Fernández ante el OCI, en las que había reconocido haber observado personas con lesiones.

 

La intervención de la querella

 

Durante su intervención, Karina Paz, integrante de la querella, presentó el acta de la declaración testimonial realizada por Fernández en octubre de 2020 y señaló nuevas contradicciones con lo manifestado durante el debate oral.

 

Asimismo, desde la querella del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se formularon preguntas sobre los procedimientos que debe adoptar el personal policial ante la aprehensión de una persona menor de edad.

 

Fernández respondió que corresponde al jefe de turno comunicar la situación a los juzgados competentes.

 

Las intervenciones de las partes permitieron profundizar el análisis de los procedimientos policiales, las responsabilidades funcionales y las actuaciones desarrolladas en el marco de los hechos investigados.

 

Los hechos investigados y la continuidad del juicio

 

La causa se remonta a la madrugada del 31 de mayo de 2020, cuando efectivos de la Comisaría Tercera de Fontana ingresaron, presuntamente sin orden judicial, a una vivienda del barrio Banderas Argentinas. Según la acusación, integrantes de dos familias del pueblo Qom sufrieron agresiones físicas, amenazas, vejaciones y otros hechos de violencia institucional, tanto durante el procedimiento como posteriormente en la dependencia policial.

 

El expediente fue elevado a juicio en abril de 2022, pero el inicio del debate atravesó sucesivas suspensiones y reprogramaciones. Finalmente, las audiencias comenzaron el 5 de octubre de 2026, con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos.

 

El juicio continuará este martes 17 de noviembre, ante la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. El cronograma contempla además nuevas audiencias los días 30 de noviembre y 1 y 3 de diciembre.

 

El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene como querellante en la causa y continúa participando del proceso judicial en el que se investigan las responsabilidades penales por los hechos de violencia institucional denunciados por las familias Qom.

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