Ayer se cumplieron dos meses desde la desaparición de Axel Alejandro González. Su paradero continúa sin ser establecido y la investigación permanece en curso, en un contexto que exige del Estado una respuesta urgente, diligente y sostenida.

Ante la proximidad de la feria judicial, el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Chaco, en su carácter de querellante institucional en la causa “GOMEZ, MARIA INES S/ DENUNCIA DESAPARICION DE PERSONA” (Expte. Nº 15708/2026-1), solicitó al Equipo Fiscal Especial la habilitación de días y horas inhábiles para garantizar la continuidad de las medidas investigativas y de prueba pendientes.

La presentación se fundamenta en la extrema gravedad y urgencia del caso. Para el Comité, una investigación por la desaparición de una persona no puede quedar sujeta a demoras que puedan afectar la obtención de pruebas relevantes o comprometer el resultado de las actuaciones.

En ese sentido, el organismo señaló que continúan pendientes diversas medidas que requieren una actuación inmediata, entre ellas la recepción de testimonios, el análisis de registros fílmicos, la producción de informes y otras diligencias necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Una investigación que no puede detenerse

Como antecedente central de la situación procesal de la causa, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos se había inhibido previamente de continuar interviniendo en la investigación.

Esta situación generó preocupación en el Comité, particularmente frente a la necesidad de garantizar que la posible participación o responsabilidad de personal policial sea investigada de manera efectiva, independiente y con las debidas garantías.

En ese contexto, el organismo solicitó precisiones respecto de la conformación del nuevo equipo fiscal que continuaría con la causa y reclamó que se informe específicamente quién tendrá a su cargo la investigación de esa posible responsabilidad policial.

La presentación realizada ahora, motivada por la proximidad de la feria judicial, vuelve a poner el foco en la necesidad de evitar cualquier interrupción o dilación en una investigación que, a dos meses de la desaparición de Axel, aún no ha logrado establecer su paradero.

La posible participación policial exige especial diligencia

En su presentación, el Comité señaló que una de las líneas investigativas involucra a personal policial que, según surge de las constancias de la causa, continúa prestando funciones en dependencias policiales.

Esta circunstancia, advirtió el organismo, incrementa la necesidad de extremar los controles y las garantías de transparencia, ante el riesgo de posibles interferencias, alteración de elementos probatorios o entorpecimiento de la investigación.

La posibilidad de que agentes estatales puedan encontrarse vinculados a los hechos investigados exige que esa hipótesis sea abordada con especial rigor y que se garantice una investigación independiente de todos los actores eventualmente involucrados.

Medidas pendientes y necesidad de una respuesta urgente

En el marco de la causa, el Comité también ha impulsado medidas destinadas a fortalecer la investigación, entre ellas la preservación, extracción y análisis de registros de cámaras de seguridad públicas y privadas; la realización de pericias sobre dispositivos electrónicos con intervención de fuerzas federales especializadas; y la colaboración de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina en tareas de búsqueda y rastrillaje en zonas de difícil acceso.

Asimismo, el organismo ha reclamado ser informado y poder participar de las diligencias probatorias y audiencias que se desarrollen en la causa, en el marco de su rol como querellante institucional.

A dos meses de la desaparición de Axel González, el Comité considera necesario señalar la gravedad de que, mientras su paradero continúa sin ser establecido, personal policial vinculado a una de las líneas investigativas continúe prestando funciones en dependencias policiales.

A ello se suma la necesidad de esclarecer las razones y consecuencias de la inhibitoria de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, cuya competencia resultaba particularmente relevante frente a la posible participación o responsabilidad de agentes estatales. La ausencia de definiciones oportunas respecto de la conformación del nuevo equipo fiscal y, especialmente, sobre quién tendrá a su cargo la investigación de esa posible responsabilidad policial, constituyen circunstancias que requieren respuestas claras y un control institucional riguroso.

En una investigación de esta naturaleza, cada demora, cada medida que no se adopta y cada línea que no se profundiza puede tener consecuencias irreparables sobre la posibilidad de conocer la verdad. La desaparición de una persona exige una respuesta estatal activa, coordinada y permanente, especialmente cuando existen elementos que podrían comprometer la responsabilidad de agentes públicos.

Por ello, el Comité continuará ejerciendo todas las facultades que le corresponden como querellante institucional y desarrollando las acciones necesarias para que la investigación avance con independencia, celeridad y transparencia. A dos meses de la desaparición de Axel González, el Estado no puede limitarse a informar que una investigación continúa: debe demostrar, mediante decisiones concretas, que está utilizando todos los recursos disponibles para encontrarlo y esclarecer qué ocurrió.

La búsqueda de Axel no puede detenerse. Tampoco puede detenerse la exigencia de respuestas sobre cada una de las circunstancias que han marcado el desarrollo de la investigación.