El jueves 14 de mayo se llevó a cabo el conversatorio en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional convocado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y destinado a reflexionar sobre las distintas formas que adquiere la violencia institucional en nuestra sociedad y su impacto sobre diversos sectores. El encuentro se desarrolló en el Salón Auditorio “Nilda Telma Farré de Vaernet” ubicado en Roque Sáenz Peña 176 de la ciudad de Resistencia.

El presidente del Comité para la Prevención de la Tortura de Chaco, Darío Gómez reivindicó la importancia de mantener y valorizar espacios como las Comisiones por la Memoria y los Mecanismos Locales de Prevención contra la Tortura, en referencia a esta fecha significativa en el calendario de Derechos Humanos. En cuanto a la apertura del encuentro se refirió a la elección de Julieta Gómez presidenta asociación civil Fuerza Travesti Trans y Martín “Pelu” Pérez Durán de la Red Puentes “porque son sectores agredidos cotidianamente”. También mencionó la gravedad de la detención del caso del periodista de Margarita Belén detenido por la policía provincial alegando disturbios en la vía pública, cuando en ningún registro audiovisual se acredita dicha acusación.

La vicepresidenta del CPTCh, Romina Duarte recordó el contexto del surgimiento del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional con la cual se instauró el concepto de gatillo fácil para “visibilizar lo que sucedía con las víctimas letales a manos de la policía”. Y añadió: “A 39 años de la Masacre de Bunge nos encontramos con un autoritarismo afianzado por parte del gobierno, con una persecución hacia los pobres, con jubilados reprimidos, violentados todos los miércoles en Congreso, como así también a las personas con discapacidad; estudiantes que se manifiestan, cuidacoches y personas de la diversidad del colectivo LGTBQ+”. 

“En particular me preocupa la persecución por la portación de rostro, deberíamos tener saldada esa discusión, pero aunque tenemos leyes que nos amparan no se cumplen”, sostuvo a su turno la comisionada, Bashe Charole. “En el contexto de pueblos indígenas la violencia institucional se profundiza. En el caso wichí estamos a 600 kilómetros. Si hablamos de hospitales peor, al igual que la policía que siempre se ensañó con las comunidades”, sintetizó Charole. “Muchas veces no se convoca a un traductor con la toma de denuncias, o cuando se lo pide no se lo facilita y la policía escribe lo que quiere”, subrayó.

Por su parte, el comisionado Roberto Sotelo consideró que “el principal desafío, además del de la batalla cultural, es que la agenda de los derechos humanos sea más seductora para toda la sociedad, porque son muy pocas las caras nuevas que se han sumado en el último tiempo”. En ese sentido, remarcó que para convocatorias como las de la jornada de lucha contra la violencia institucional “Hay muchos compañeros que deberían estar presentes porque hoy cualquier persona puede ser víctima de violencia institucional”. 

El comisionado, Santiago Osuna aportó que “la violencia del Estado hoy con los magros sueldos y a partir de esa miseria planificada logra que se rompa el tejido social y se normalice una violencia que se naturaliza desde todos los sectores”. Y también remarcó la agenda del día del despliegue de detención al “laburante de prensa de Margarita Belén detenido en Resistencia en igual indefensión”.

“Para las travestis nunca hubo una mejora genuina con las violencias institucionales” sostuvo, Julieta Gómez, presidenta Asociación Civil Fuerza Travesti Trans. “La policía es nuestro proxeneta. Hasta el día de hoy para que a las compañeras no las lleven presas les tienen que realizar a cambio trabajos sexuales” denunció. Y agregó que “hoy ningún estamento está formado en identidad de género, con este gobierno fascista seguimos siendo atacadas. Cien compañeras contratadas fueron despedidas y no fueron reincorporadas”. Gómez remarcó que “la violencia institucional no constituye hechos aislados, sino prácticas estructurales que requieren una mirada integral y el fortalecimiento de políticas públicas centradas en la garantía de derechos humanos”.

“Somos una provincia que solo le interesa rellenar la planilla de excel” dijo Martín “Pelu” Pérez Durán de la Red Puentes, donde coordina una casa de atención y acompañamiento comunitario, “uno de los pocos espacios que sigue sosteniendo Sedronar de consumo problemático en primera instancia”, describió. “Hay estado presente con la policía en la calle, no con la perspectiva de derechos humanos, pero sí con la lógica de que los pibes no tienen que circular en las calles”, destacó. “Esa lógica absurda de llenar los excel con los pibes en las comisarías, para la policía es luchar contra el narcotráfico, y a los mismos pibes que no se resisten, los policías los llaman colaboradores”, sostuvo Martín “Pelu” Pérez Durán. 

Entre el público se encontraba Armando Benítez, miembro de Comisión Provincial por la Memoria, quien tomó la palabra recordando su experiencia como ex preso detenido por razones políticas: “en la cárcel cuando se da el golpe todos los que estábamos presos pasamos a ser rehenes. El programa que estaban llevando adelante era tan feroz que se traduce en una cuestión  muy sencilla: nos querían dejar sin identidad política”. Y propuso “organizar la resistencia”.

Lucila Masin concejala de Resistencia, retomó la idea de Benítez de “organizar la resistencia” y agradeció por éstos espacios “que no abundan en este contexto en el que las instituciones y la política están muy alejadas de la vida del pueblo”. Resaltó una temática que están abordando desde su equipo que “genera posturas disonantes y que tiene que ver con el tema de Trapitos”, para el cual “la respuesta del oficialismo fue llevar a archivo una propuesta real que teníamos” para un sector que sostiene familias con ese sustento, sostuvo la funcionaria.

Osvaldo Ponce de León, cuyo hijo fue asesinado por la policía dijo que “cuando el arco del poder Ejecutivo dispara contra la señora justicia enseguida van los gusanos de la violencia institucional a comerse el cadáver”. Y asimismo propuso “reunirnos para poder expresarnos ante todos los hechos de violencia institucional que estamos padeciendo”. 

“Estoy acá porque me atraviesa lo sectorial, los trapitos, los pueblos originarios y por la empatía de lo que pasa en los sectores más escasos de economía”, expresó Úrsula Sabarece, presidenta de la Fundación Furia Travesti. Y además sugirió llevar dichos encuentros “a los barrios porque ahí está la capacidad de resistencia”. En ese sentido dijo que “hay que educar en los derechos porque son los barrios los que tienen pibes y pibas con consumo problemático”. Y resaltó que “hasta que no nos pasa por el cuerpo, no dimensionamos la magnitud de la violencia institucional”