En un fallo, el magistrado exhortó al Gobierno a descomprimir la situación de hacinamiento y llevar a cabo obras para mejorar la infraestructura del lugar
Menos de 24 horas después de que Infobae revelara un informe que expuso las condiciones inhumanas a las que están sometidas las personas privadas de su libertad en la alcaidía penal 29 de Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas elevó un fallo al Gobierno nacional para que encuentre una solución «inmediata» a los problemas de hacinamiento, falta de higiene y condiciones de vida que desbordan esa prisión y presentó nuevos datos estremecedores sobre el lugar.
El magistrado, a cargo de la resolución de un habeas corpus presentado por la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, elevó una notificación a los ministros Germán Garavano, de Justicia y Derechos Humanos, y Rogelio Frigerio, del Interior, y al director del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, para que activen de manera urgente una serie de medidas para regularizar la situación de la Unidad Penal 29 y de los presos y las presas que habitan sus celdas.

Puesto que teóricamente es una prisión para «comparendos», es decir, detenidos que deben declarar ante jueces o defensores oficiales en Comodoro Py, o de aquellos que esperan un traslado a una cárcel desde alguna comisaría, Rafecas exhortó al Gobierno para que «otorgue unidad de destino y posterior traslado» de todas las personas que se encuentren detenidas por más de 24 horas, excepto que haya una decisión judicial expresa.

Además, el juez pidió «prohibir la recepción de internos provenientes de otras jurisdicciones» y reclamó establecer que el número de detenidos alojados para el pernocte no podrá, «bajo ninguna circunstancia, superar el número total de 30 internos dentro de los próximos 15 días, hasta que se determine definitivamente el cupo de aquellos que pasarán la noche en la Unidad 29″.
A Blanco, Rafecas reclamó que «arbitre los medios necesarios» para reparar de manera inmediata y «sin dilaciones» los baños y la provisión de agua caliente de la Unidad. El informe del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, presidida por el juez Gustavo Hornos, había expuesto que sólo existe una ducha de agua caliente para las decenas de presos alojados allí.

También solicitó que se encargue de que, de ahora en más, los internos sean trasladados a la Unidad 29 con sus respectivas historias clínicas «a los efectos de poder cumplir con las necesidades médicas de cada uno de los detenidos».

Uno de los problemas de la Unidad Penal 29 radica en que no se sabe exactamete cuál es la capacidad de alojamiento que tiene. Se cree que actualmente la cantidad de alojados triplica como mínimo el límite sensato, que Rafecas, de alguna manera, estableció en 30 presos.

Por eso libró un oficio a Subdirección de Infraestructura dependiente de la Secretaría General de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Cuerpo Médico Forense para que, en un plazo de 15 días, realice un informe técnico que determine cuál es el cupo máximo definitivo de internos que puede alojarse, tanto para tránsito diario como para pernocte.

Cinco presos en una celda individual
Cinco presos en una celda individual
Según relata el propio Rafecas en su fallo, la U29 apaga las calefacciones por las noches y durante los fines de semanas. Por eso el magistrado pidió a la Superintendencia de la Cámara Federal de Casación Penal a cargo de Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal que «evalúe la posibilidad» de mantener las calderas del edificio encendidas los fines de semana «mientras persistan las bajas temperaturas».

En dos apartados, además, Rafecas reclamó a Garavano y a Frigerio que «de manera inmediata» activen las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha obras que amplíen la capacidad del alojamiento carcelario.

En su fallo, Rafecas considera «inhumanas» las condiciones a las que son sometidos los internos. Y describe algunas circunstancias: «los colchones no sólo no entran, sino que no alcanzan, en algunos casos debían colocar sus mantas sobre la letrina y en esas condiciones intentar descansar. Todo ello, sin perjuicio de que la Unidad 29 no cuenta con luz ni ventilación natural y que los internos no poseen recreación alguna».

El magistrado, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3, recorrió el jueves 10 de julio para constatar las condiciones que describió el Sistema de Control de Cárceles en el informe que publicó Infobae. En su visita, constató que hay personas privadas de su libertad que están allí desde hace 20 días, cuando no deberían estar más de 24 horas.

La falta de higiene es una de las denuncias más frecuentes de las personas privadas de la libertad en la UP 29
La falta de higiene es una de las denuncias más frecuentes de las personas privadas de la libertad en la UP 29
«No quedan dudas sobre la superpoblación que registra. En este sentido, recuérdese que el Jefe de Seguridad Interna de la Unidad 29, informó que la Unidad posee un cupo para ciento cuatro detenidos pero sólo de comparendos y no para pernocte. Ello, vuelve inevitable que las condiciones en las que se los aloja se tornen inhumanas, en razón de la estructura inadecuada y el pernocte de muchos de ellos por falta de cupo en las unidades de destino», escribió el juez.

Rafecas fue muy crítico en su fallo contra la política criminal actual que, según él, ha llevado en los últimos años a un incremento «preocupante» de la población carcelaria, «que no viene siendo acompañada de las precauciones necesarias para evitar la superpoblación y otros severos problemas». Según los propios registros del Servicio Penitenciario Federal, en todas las cárceles federales del país hay un 20% más de presos que lo que da la capacidad de las unidades penales en total.

«Ello provoca la confrontación entre dos realidades: por un lado el aumento sostenido de los internos alojados con la consecuente superpoblación y hacinamiento y por otro, la presencia de un insuficiente presupuesto para invertir en la ampliación, restauración y mantenimiento de los lugares que
alojan a personas privadas de su libertad», cerró Rafecas.