El Comité para la Prevención de la Tortura presentó una oposición a la elevación a juicio en el caso que resolverá el asesinato de Sebastián Ponce de León debido a que, en la imputación a los policías Sebastián Darío Romero y Cristian Alfredo Chamorro, se desconoce el hecho de que ejercieron tortura sobre el joven fallecido. Luciano Santos, fiscal provisorio de la Fiscalía en lo Penal Especial de Derechos Humanos, propone enjuiciar a los responsables por el delito de homicidio preterintencional.

Ponce de León fue detenido por la Policía de Chaco el 31 de enero de 2019 en una casa de la localidad de Barranqueras y sometido a una feroz golpiza que provoco su fallecimiento diez días después en el Hospital Perrando. Sebastián tenía lesiones en todo el cuerpo, incluyendo las plantas de los pies y la zona testicular, evidenciando que fue golpeado mientras se encontraba reducido.

El Comité, que actúa como querellante en la causa, se opuso a la calificación con que se pretende elevar la causa a juicio, fundamentando que la calificación adecuada es la de torturas seguidas de muerte y no la de homicidio preterintencional.

La diferencia entre el homicidio preterintencional y la tortura seguida de muerte radica en la gravedad de las lesiones que se causan previamente, aunque la intención de los agentes no sea generar el fallecimiento, es decir que es indistinto para que se aplique dicho agravante si se buscaba la muerte o no.

El cambio de la calificación actual hacia una más leve también implicaría que el caso no pueda ser juzgado mediante un juicio por jurados.

El Comité llama la atención acerca de la resistencia de las autoridades judiciales en reconocer el delito de Tortura, recordando que la calificación adecuada de los graves sufrimientos ocasionados por las fuerzas de seguridad y otros agentes del estado es una exigencia de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas (Art. 4.2).