El Informe Anual 2025 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advierte sobre la magnitud del alojamiento de personas privadas de libertad en dependencias policiales del Chaco. Según los datos correspondientes al 31 de diciembre de 2024, había 1.267 personas alojadas en establecimientos con una capacidad oficial informada de 759 plazas.

Esto representa una sobrepoblación del 66,9 %: 508 personas por encima de la capacidad declarada.

Más personas en dependencias policiales que en unidades penitenciarias

El informe señala que Chaco se encuentra entre las provincias donde la cantidad de personas alojadas en establecimientos policiales supera o se asemeja a la registrada en unidades penitenciarias.

Al cierre de 2024, la provincia tenía:

1.267 personas en dependencias policiales.

1.263 personas en establecimientos penitenciarios provinciales.

La tasa de privación de libertad en dependencias policiales alcanzaba las 101,4 personas cada 100.000 habitantes, ligeramente por encima de la tasa correspondiente al sistema penitenciario provincial.

Estos datos muestran que las comisarías, subcomisarías, alcaidías y otras dependencias policiales se convirtieron en una parte central del sistema de encierro provincial, aunque no fueron diseñadas para cumplir esa función.

Espacios previstos para estadías de hasta 72 horas

Los lineamientos del CNPT establecen que las dependencias de alojamiento transitorio deben utilizarse para estadías breves, no superiores a las 72 horas. Se trata de lugares destinados a la custodia inicial luego de una detención o mientras se adopta una decisión judicial.

Sin embargo, el informe ubica al Chaco entre las 17 jurisdicciones que durante 2024 reportaron plazos de alojamiento policial superiores a un año.

La permanencia prolongada en estos espacios impide acceder a condiciones y servicios propios de un establecimiento penitenciario. Las dependencias policiales no cuentan con la infraestructura, el personal ni los recursos necesarios para sostener períodos extensos de encierro.

Una situación que puede ser todavía más grave

El porcentaje de sobrepoblación se calcula a partir de la capacidad oficial informada por las propias autoridades. El CNPT advierte que esas capacidades no siempre se determinan de acuerdo con estándares nacionales e internacionales.

En algunos casos, la cantidad de plazas se define únicamente por el espacio que ocupa una cama, un camastro o incluso un colchón. Por este motivo, el organismo nacional señala que las condiciones reales pueden ser más graves que las reflejadas por los porcentajes oficiales.

En el ámbito policial argentino, la sobrepoblación oficial promedio fue del 32,2 %. El porcentaje registrado en Chaco, del 66,9 %, fue más del doble de ese promedio nacional.

No se trata solamente de falta de espacio

El informe describe problemas frecuentes en los lugares de encierro policial: celdas reducidas, ventilación e iluminación deficientes, falta de camas, deterioro de instalaciones sanitarias y eléctricas, escasa higiene y ausencia de actividades o de acceso regular a espacios abiertos.

El alojamiento prolongado también afecta al personal policial. El CNPT advierte que la escasez de agentes y la falta de formación específica para gestionar el encierro producen una sobrecarga de tareas y favorecen prácticas discrecionales o arbitrarias.

La Policía debe destinar personal y recursos a la custodia cotidiana de personas detenidas, aun cuando sus agentes no fueron formados para desarrollar funciones penitenciarias y las comisarías no cuentan con las condiciones necesarias para garantizar derechos básicos durante estadías prolongadas.

Las comisarías no deben convertirse en cárceles permanentes

Los datos del Informe Anual 2025 confirman la necesidad de adoptar medidas para reducir la cantidad de personas alojadas en dependencias policiales, garantizar traslados oportunos y limitar su utilización a períodos estrictamente transitorios.

Desde el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura del Chaco sostenemos que las respuestas frente al delito no pueden profundizar el hacinamiento ni trasladar a las comisarías responsabilidades para las que no fueron creadas.

La reducción de la sobrepoblación requiere políticas integrales que garanticen condiciones dignas de detención, respeten las garantías procesales y permitan que el personal policial cumpla adecuadamente sus funciones.

Fuente: Informe Anual 2025 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Datos correspondientes al 31 de diciembre de 2024.