Desde el Comité de Prevención de la Tortura Chaco (CPTCh) compartimos las conclusiones del encuentro de análisis y discusión sobre el monitoreo de la salud en contextos de encierro organizado en forma conjunta entre este organismo y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) el pasado 5 de septiembre en la ciudad de Resistencia.
Durante aquella jornada, la PPN compartió los resultados preliminares de la investigación que está realizando en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de los MNP (Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura) de Argentina en el monitoreo de los sistemas de salud en el encierro” financiado por el Fondo OPCAT de la ONU.
En tanto, desde el CPTCh se hicieron importantes aportes en cuanto a incluir también a las unidades policiales en la problematización del derecho fundamental a la salud en contextos de encierro, siendo ésta una realidad insoslayable en nuestra provincia. Por tal motivo, el documento utiliza el término amplio de «lugares de privación de libertad».
A partir del intercambio mantenido, se comparten algunas conclusiones y recomendaciones:
• Se debe garantizar una adecuada atención médica a las personas privadas de libertad, así como un enfoque de salud pública y medicina preventiva.
• Fortalecer el monitoreo en salud en los lugares de privación de libertad: sofisticar los mecanismos, promover investigaciones e información estadística.
• Instar a las agencias del Estado que tengan personas bajo su guarda y custodia a mejorar los datos estadísticos sobre salud en el encierro.
• En especial, recomendamos ubicar la atención a la salud en contextos de encierro dentro de la órbita del Ministerio de Salud –conforme Recomendación del SPT1 y Regla 24 de las Reglas Mandela- para:
– Promover los estándares de atención fuera del encierro;
– Evitar la “doble lealtad” respecto de la fuerza penitenciaria y/o de seguridad. Esto es importante en muchísimos aspectos, y en especial respecto de los casos de muertes bajo custodia y malos tratos;
– Mejorar la relación de confianza de los médicos con las personas privadas de la libertad;
– Generar instancias de control y evaluación de gestión (monitoreo y seguimiento de implementación de los protocolos de actuación ante esta temática);
– Capacitar en forma regular al personal que tenga bajo custodia personas privadas de su libertad y funcionarios del sistema de justicia sobre las particularidades de la atención médica en el encierro, y sobre Protocolo de Estambul.