El 26 de junio se celebra el Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura en alusión a la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en este día del año 1987. La fecha se propone recordar la importancia de la erradicación total de la tortura y de la aplicación efectiva de esta Convención.

En el derecho internacional, la tortura es categorizada como un crimen, es injustificable y está totalmente prohibida. Su práctica sistemática y generalizada constituye un crimen contra la Humanidad. El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de la ONU, en su resolución 52/149, proclamó el 26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura

Desde el Comité de Prevención de la Tortura nos parece importante reflexionar sobre nuestra historia en el acompañamiento a personas que sufren o han sufrido Violencia Institucional y tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes en situación de encontrarse privadas de su libertad.

EL COMITÉ DE CHACO: PRIMER MECANISMO DEL PAÍS

Nuestra provincia ha demostrado, desde los organismos de DDHH de la sociedad civil y también desde el mismo Estado, un profundo interés por la prevención y erradicación de la tortura y el acompañamiento a las víctimas al poner en funcionamiento en el año 2009 el Mecanismo de Prevención de la Tortura.

Este Mecanismo fue creado como parte de una solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre el gobierno de Chaco y la familia de Juan Ángel Greco, un joven artesano de 24 años que fue detenido el 25 de junio de 1990 y trasladado a una Comisaría de Puerto Vilelas. Su celda fue incendiada en circunstancias no aclaradas y él sufrió quemaduras graves que terminaron provocando su muerte mientras estaba hospitalizado el 4 de julio del mismo año.

Y aquí es momento de recordar a quien fue el impulsor de la creación del Comité de Prevención de la Tortura en Chaco, el abogado Mario Bosch. Fue un militante activo, fundador e integrante de la agrupación H.I.J.O.S. en nuestra provincia, impulsor de los Juicios por los delitos de Lesa Humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar denominados “Causa Margarita Belén” y “Caballero I y II” y presidente en dos oportunidades de nuestro organismo. Falleció el 6 de noviembre de 2016 cuando se encontraba en Buenos Aires para recibir en el Senado de la Nación la Mención de Honor “Juana Azurduy de Padilla”.

Con el Decreto del Poder Ejecutivo, rubricado por Capitanich, y con la iniciativa del Bloque Libres del Sur de la Legislatura, Mario Bosch promovió la creación del Comité que se concretó en la Sesión Extraordinaria del 17 de diciembre de 2009, en cumplimiento del mandato emergente del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, aprobado por Ley Nacional N° 25.932.

Desde entonces, nuestro organismo se constituyó como un lugar de referencia para recibir denuncias de violaciones de los Derechos Humanos y Violencia Institucional por parte de las Fuerzas de Seguridad, realizar monitoreos y controles en los lugares de detención donde el Estado tiene bajo su tutela y responsabilidad a personas privadas de su libertad y trabajar en Recomendaciones para que se adopten y diseñen políticas públicas tendientes a la erradicación de toda forma de tortura, tratos y/o penas crueles inhumanos y degradantes.

AVANCES EN LA ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y EL CASO DE FONTANA

Durante este año se siguió avanzando en los compromisos de la provincia para la solución amistosa planteada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso Greco. A principios de marzo se realizó una reunión con representantes de los tres poderes del Estado, el presidente del Comité, Silvio del Balzo, y su vicepresidente, Egidio García.

En la misma, el gobernador Jorge Capitanich aseguró que se respondería a la convocatoria de la CIDH a su período 175º de sesiones ordinarias a realizarse en marzo en Puerto Príncipe, Haití, y en la cual se participó como Estado. A su vez, se planteó la necesidad de avanzar con la Mesa de Trabajo para intensificar la prevención de la Violencia Institucional y fortalecer al Comité de Prevención de la Tortura, para lo cual el Poder Legislativo se comprometió a avanzar en el tratamiento de la Ley de Estructura Orgánica.

La declaración de la pandemia y del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) proyectaron nuevos desafíos en esta lucha. Durante el tiempo de cuarentena el Comité recibió numerosas denuncias por detenciones arbitrarias y presentó una medida de amparo al respecto, además de realizar diferentes recomendaciones al Estado en cuanto a la situación de las personas privadas de su libertad.

También intervino en situaciones graves de Violencia Institucional, como por ejemplo aquella de la que fue víctima la comunidad qom en Fontana el pasado 31 de mayo y que cobró trascendencia nacional. En este caso, el Comité permaneció en contacto con las familias afectadas y se constituyó en querellante de la causa iniciada a raíz del informe remitido a la Fiscalía de Derechos Humanos el 1 de junio. Sin embargo, en los últimos días la Justicia decidió conceder el arresto domiciliario a los cuatro policías que se encuentran detenidos por estos hechos. Vemos con profunda preocupación esta medida, su fundamentación y la falta de consulta a las víctimas.

En cuanto a los avances institucionales, a principios de junio volvieron a reunirse de forma virtual el gobernador, representantes de los tres poderes y el Comité y acordaron dos puntos importantes. Por un lado, se definió que durante el mes de agosto la Legislatura dará tratamiento al Proyecto de Ley de la Estructura Orgánica del Comité de la Prevención de la Tortura. En segundo lugar, se designará un Fiscal Especial en lo Penal de Derechos Humanos suplente, además de iniciar un plan de trabajo para mejorar el funcionamiento de la Fiscalía de DDHH y la revisión del funcionamiento del Órgano de Control Institucional (OCI).

Como venimos exponiendo desde el principio de esta situación excepcional que vive la Humanidad y que en Chaco ha sido particularmente difícil, el Estado debe tomar medidas sanitarias en pos de la salvaguarda de la población, pero esto no significa que estén suspendidas las garantías constitucionales.

La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en su artículo 2 expresa que: “en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”. Es por esto que renovamos el compromiso con la prevención y erradicación de la tortura y la Violencia Institucional, y el acompañamiento a las víctimas en su pedido de Justicia.