Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, junto con la Defensoría General Adjunta, hemos presentado un hábeas corpus ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar la restricción del uso de celulares e internet en los centros de detención de la provincia. Esta medida, impuesta por el gobernador Leandro Zdero, agrava las condiciones de encierro y atenta contra derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. Por ello, solicitamos la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 4033-J y una medida cautelar que suspenda su aplicación.
Esta decisión podrá servir al gobierno de turno para aparentar respuestas ante las múltiples demandas sociales mediante una política meramente punitivista, pero es una falsa solución. La restricción impuesta es desproporcionada y vulnera derechos esenciales como la comunicación con familiares, el acceso a la educación y la posibilidad de resocialización.
El uso de celulares en contextos de encierro responde a estándares internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al derecho a la comunicación, la dignidad de las personas privadas de libertad y su reinserción social. Desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la utilización de estos dispositivos ha sido clave para fortalecer los vínculos familiares, prevenir casos de tortura y malos tratos, y garantizar el acceso a justicia, salud, educación y trabajo.
Además, advertimos que esta restricción podría incentivar el uso clandestino de celulares dentro de los penales, sin control estatal, favoreciendo la corrupción institucional. La falta de un sistema regulado propicia que los propios funcionarios penitenciarios se conviertan en gestores del acceso ilegal a estos dispositivos.
Desde el Comité, hemos registrado que la mayoría de los llamados realizados desde comisarías y establecimientos penitenciarios están relacionados con pedidos de acceso a la salud, asesoramiento legal y denuncias por abusos intramuros. Solo en 2024, atendimos 907 llamados con estos motivos principales:
Abuso de poder: 8,25 %
Averiguación de paradero: 8 %
Contacto con defensa: 7,35 %
Tratos crueles: 5 %
Hostigamiento/Discriminación: 4,5 %
Conflicto entre internos: 4,5 %
Tortura: 2,75 %
Acceso a vinculación familiar: 2,45 %
Resguardo de integridad: 1,25 %
Acceso a la comunicación: 1,25 %
Traslados dentro de la unidad: 0,9 %
Suicidio: 0,9 %
Robo de pertenencias: 0,9 %
Designación de defensor: 0,6 %
Requisas vejatorias: 0,3 %
Acceso a la educación: 0,3 %
En lo que va de 2025, hemos recibido 201 llamados con necesidades similares, lo que demuestra que el acceso a la comunicación es esencial para la protección de derechos.
El fundamento de esta prohibición se basa en la falacia de que los celulares facilitan la comisión de delitos desde las cárceles. Sin embargo, los casos utilizados como referencia ocurrieron en provincias donde estos dispositivos estaban prohibidos, lo que demuestra que la restricción no es una solución efectiva. Esta política no solo obstaculiza la prevención e investigación de violaciones a los derechos humanos, sino que también genera un caldo de cultivo para la impunidad y el abuso.
Dificultar la comunicación de las personas privadas de libertad significa dejarlas sin herramientas para denunciar torturas o tratos crueles de manera oportuna y confidencial, perpetuando el ciclo de violencia. Además, el control de las comunicaciones por parte de los funcionarios penitenciarios elimina cualquier atisbo de transparencia y abre la puerta a arbitrariedades.
Por todo esto, insistimos en que la restricción del uso de celulares constituye un flagrante incumplimiento de la obligación estatal de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Esta medida no solo incrementa su vulnerabilidad, sino que también contradice abiertamente los principios de debida diligencia reforzada establecidos por la Corte IDH. Desde el Comité, continuaremos luchando para que se respeten y garanticen los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción.