El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participó activamente de la primera sesión ordinaria del año del Consejo Federal de Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, que se desarrolló en San Miguel de Tucumán el 15 de abril. El encuentro reunió a representantes de 15 jurisdicciones de todo el país, junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación, para debatir y coordinar estrategias frente a las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en contextos de encierro en distintas provincias.
Durante la sesión, se escucharon testimonios de organizaciones sociales, familiares de personas detenidas y miembros de organismos locales, que denunciaron la crítica situación de la provincia de Tucumán, donde se impide el ingreso de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura a los lugares de detención. Esta situación se agrava aún más por los hechos de violencia física sufridos por uno de sus integrantes. En el documento final, el Consejo expresó su profunda preocupación por estos hechos, así como por las prácticas sistemáticas de violencia institucional que afectan especialmente a sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, personas del colectivo LGBTIQ+, personas en situación de calle y quienes desarrollan economías informales.
En el marco del encuentro también se abordó la problemática de la comunicación en contextos de encierro, reconociendo su importancia como derecho fundamental y herramienta clave para prevenir situaciones de aislamiento, maltrato y tortura. El acceso a la información, el contacto con familiares, y la libertad de expresión son condiciones indispensables para una vida digna dentro de los lugares de detención.
En ese sentido, el Comité del Chaco expuso la situación generada por la reciente Ley 4033-J, que prohíbe la tenencia y uso de teléfonos celulares en cárceles y comisarías, y destacó que se encuentra a la espera de la resolución del habeas corpus presentado ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar la aplicación de esta norma. La medida fue impulsada por el Comité y la Defensoría General por considerar que restringe gravemente el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad, afectando sus vínculos familiares, el contacto con sus defensas y su posibilidad de denunciar situaciones de violencia institucional.
Al respecto, Darío Gómez, comisionado del Comité del Chaco, manifestó:
“La participación en el Consejo Federal reafirma la necesidad de sostener una mirada federal sobre las prácticas violatorias de derechos que ocurren en contextos de encierro. Se hizo mucho hincapié en la situación grave de Tucumán. Y tambien tuvimos la oportunidad de exponer la situación con el uso de los celulares en nuestra provincia. Estamos a la espera de que el Superior Tribunal de Justicia del Chaco resuelva el habeas corpus sobre la Ley 4033-J. La prohibición del uso de celulares atenta contra el derecho a la comunicación y profundiza las dificultades para la reinserción social de las personas detenidas, además debilita las herramientas de control y prevención de la tortura.”
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco valoramos estos espacios de articulación entre mecanismos locales, que permiten compartir diagnósticos, consolidar criterios de intervención y fortalecer el trabajo conjunto. La participación en el Consejo Federal reafirma la importancia de promover políticas públicas respetuosas de los derechos humanos en todos los contextos de encierro, así como de garantizar el funcionamiento pleno de los organismos de control en cada provincia.