Desde el organismo se sostiene que la iniciativa de la Legislatura vulnera la presunción de inocencia y advierten que las comisarías y cárceles provinciales se encuentran colapsadas por el hacinamiento.
Ante el inminente tratamiento en la Legislatura provincial del despacho de mayoría, para reformar los artículos 276 y 289 del Código Procesal Penal e incorporar la figura de la reiterancia delictiva, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco ratificó su firme rechazo a la iniciativa. El CPTCH instó a los legisladores a frenar su avance, advirtiendo que la norma resulta inconstitucional y profundizará la severa crisis que atraviesa el sistema de encierro.
Desde el Comité se señala que el dictamen de mayoría elaborado por la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad impone un criterio que vulnera garantías básicas. La reforma busca que la sola existencia de investigaciones penales en trámite o causas coexistentes sea causal directa para dictar la restricción de la libertad o la prisión preventiva, sin la exigencia de una condena firme.
Al respecto, Darío Gómez, presidente del Comité, remarcó que la iniciativa colisiona contra mandatos superiores al expresar que tener dos o más causas en proceso no hace responsable a una persona del delito que se le imputa mientras el juicio esté en curso. Gómez subrayó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con rango constitucional, garantiza de forma absoluta el principio de presunción de inocencia, por lo que una norma redactada en estos términos resulta insostenible desde el plano legal y es propensa a demandas por inconstitucionalidad.
Asimismo, desde el Comité se recuerda que en su oportunidad el Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura manifestó una postura férrea contra esta clase de iniciativas legislativas. En aquel momento se advirtió la inconveniencia de aprobar reformas que incrementen el ingreso de personas a dependencias policiales y penitenciarias que no reúnen las condiciones mínimas exigidas por los estándares internacionales.
A la invalidez jurídica se suma la crítica situación del sistema edilicio y de custodia en la provincia y el país. En la última década, la población bajo custodia de la policía chaqueña creció un 150%, registrando una tasa de ocupación que roza el 180% de su capacidad real y ubicando a Chaco entre las jurisdicciones con mayor cantidad de personas alojadas en comisarías. A nivel nacional, el sistema penitenciario sufrió un incremento del 50% en su población penal durante el mismo periodo, superando el 140% de sobrecupo.
Esta sobrepoblación se ve agravada por el uso extendido de la prisión preventiva sobre imputados con expectativas de penas menores a tres años. Ante este escenario, Gómez advirtió que no es viable seguir sumando personas privadas de libertad a un sistema plenamente colapsado e invitó formalmente a legisladores y magistrados a recorrer las cárceles y comisarías para corroborar la realidad del encierro antes de votar la medida.
Finalmente, el Comité instó al Poder Legislativo a abrir un debate institucional amplio que contemple alternativas a la privación de libertad, tales como el uso de dispositivos de monitoreo electrónico para reducir los niveles de hacinamiento. El organismo recordó además que su creación responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado tras el Caso Greco, por lo que endurecer la prisionalización sin resguardar los procesos debidos representa un retroceso en materia de derechos humanos.