El Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Provincia del Chaco emitió la Recomendación Institucional N.° 2/2026 dirigida al Ministerio de Seguridad de la Provincia, en el marco de la investigación judicial por la desaparición de Axel Alejandro González.
La intervención del organismo se realiza en ejercicio de las facultades previstas por la Ley Provincial N.° 3.264-B, que encomienda al Comité formular recomendaciones y promover políticas públicas orientadas a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
La recomendación fue elaborada a partir del conocimiento de las actuaciones judiciales en curso y de la información pública vinculada al caso, que investiga hechos ocurridos durante la madrugada del 17 de mayo y sobre los cuales existen testimonios y denuncias incorporadas al expediente judicial.
Entre las medidas recomendadas, el Comité solicitó al Ministerio de Seguridad disponer el apartamiento o suspensión preventiva de la totalidad del personal policial individualmente sindicado en la causa, entendiendo que esta medida contribuye a preservar la transparencia de la investigación, resguardar la producción de prueba y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
Asimismo, recomendó promover una comunicación formal con el Ministerio de Seguridad de la Nación para solicitar la participación activa de Gendarmería Nacional Argentina en tareas vinculadas con la investigación, particularmente en acciones de búsqueda, análisis de evidencia y colaboración técnica con la fiscalía interviniente.
El documento también incorpora medidas orientadas a la protección y acompañamiento de la familia de Axel Alejandro González. En ese sentido, el Comité recomendó garantizar el acceso inmediato y sostenido a asistencia psicológica y social especializada, mediante dispositivos civiles y adecuados para evitar situaciones de revictimización, junto con mecanismos de información clara y oportuna sobre el avance de las actuaciones.
A su vez, se recomendó fortalecer la colaboración institucional con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, facilitando el acceso a información y acompañando los requerimientos que pudieran surgir en el marco de sus competencias legales de monitoreo y supervisión.
Como parte de las medidas orientadas al derecho a la información y al acceso a la verdad, el Comité también recomendó garantizar a la familia el acceso al expediente administrativo que eventualmente tramite el Órgano de Control Interno (OCI), así como establecer instancias de información personalizada en ámbitos civiles e institucionales, evitando cualquier intervención que pueda resultar intimidatoria o revictimizante.
Finalmente, el Comité solicitó al Ministerio de Seguridad informar, dentro del plazo de diez días, las medidas adoptadas en relación con las recomendaciones emitidas.