El miércoles 25 de agosto el Comité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes visitó a la familia de Josué Lago en el Barrio Los Silos de la localidad de General San Martin. Fue el primer encuentro de la nueva Miembro por los Pueblos Indígenas, Bashe Charole, con familiares del joven asesinado por la Policía el 11 de junio de este año.

La preocupación que se manifestó tiene que ver con lo dilatado de los tiempos de la investigación y el silencio judicial que existe en relación a la muerte de Josué. A su vez, reiteraron el pedido de Justicia hacia la Fiscalía y el Poder Judicial para que este hecho no quede impune.

Por otra parte, el padre del joven, Delfino Lago, solicitó que se proceda a la indemnización y reparación de los familiares; cuestiones que tienen que ver con la llegada y asistencia del Estado en el barrio para la construcción de viviendas y también que se trabaje para prevenir las situaciones de hostigamiento o recelo excesivo que se vienen desarrollando desde la Policía hacia las comunidades.

La Miembro, representante de los Pueblos Indígenas, Bashe Charole, expresó sobre el encuentro con la familia de Josué: «El Estado y la justicia tienen grandes deudas con los Pueblos Indígenas, y en esta causa de Lago es importante llegar y responder a las exigencias de los familiares: justicia y que nunca más pase una situación de esta índole por parte de la entidad que se supone es la que nos debe proteger». Y agregó: “hay elementos probatorios, por ende es urgente y necesario que la Cámara de Apelaciones tenga resuelva esta cuestión, si no, vamos a caer de nuevo en que estos tipos de casos queden impunes».

Otra cuestión importante que se planteó fue conocer el destino y situación de las personas que fueron trasladadas desde el Destacamento del Barrio Los Silos a otras unidades carcelarias y que se les pueda proveer de alimentos.

EL CASO

Josué Lago, un joven de 22 años perteneciente a la comunidad qom, murió luego de recibir un impacto de bala en medio de la represión policial a un grupo de vecinos del barrio Los Silos General San Martín.

Por el hecho, en un primer momento, se detuvo a cinco efectivos de la fuerza, en función de lo dispuesto por la Fiscalía de Derechos Humanos de Sáenz Peña. Posteriormente, en una rueda de reconocimiento, el único que quedó bajo arresto fue Guillermo Pablo Viñuela, quien finalmente fue liberado por “falta de mérito”.

Este fallo fue apelado por el Comité para la Prevención de la Tortura considerando que existe suficiente material probatorio, como la prueba de pólvora en manos que arrojó resultado positivo y el relato de los testigos, para concluir en la prisión preventiva.