El sábado 26 de febrero en la localidad de Charata falleció Leandro Bravo, de 37 años, mientras se encontraba bajo custodia policial. Debido a la denuncia pública de su familia, que contraría la versión policial, el Comité para la Prevención de la Tortura se puso a disposición y solicitó la inhibición del fiscal de Investigaciones N° 1 de dicha localidad, pidiendo la intervención de la Fiscalía Ajunta en DD.HH de Presidencia Roque Sáenz Peña, en razón de la competencia de la misma para la investigación de toda muerte que ocurra bajo custodia estatal.

Desde el Comité para la Prevención de la Tortura, en coordinación con la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros y la familia de Leandro Bravo, se instarán medidas de investigación y prueba aplicando el Protocolo de Minessota, de cara al esclarecimiento de los hechos. En esta línea, el organismo se constituirá en carácter de querellante en la causa.

LOS HECHOS

Hasta el momento, circula la versión policial y declaraciones de testigos y familiares en medios de comunicación y redes sociales. Estas versiones fueron analizadas en un artículo de la revista digital Litigio- Periodismo Judicial.

En el artículo se indica que la Policía sostiene que Leandro Bravo fue detenido por personal policial que había recibido una llamada y que murió de un paro cardiorrespiratorio no traumático luego de descompensarse mientras era examinado en el área de medicina legal. Sin embargo, el relato de una testigo que presenció el momento de la detención, indica que Bravo habría sido alcanzado, esposado y brutalmente golpeado por tres policías que intervinieron en el operativo.

A su vez, la familia de Leandro denuncia en sus redes sociales que la causa de la muerte fue la golpiza: “A mi hermano lo torturaron bajo custodia policial. Hay un hecho irrevocable: a Leo lo subieron a un patrullero y lo bajaron sin vida en el hospital”, publicó la hermana tras su muerte.