El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco (CPTCh) intervino inmediatamente ante los graves hechos de violencia institucional ocurridos el martes 14 de octubre en la localidad de Villa Río Bermejito, donde cinco personas de la comunidad qom fueron detenidas tras haber sido reprimidas por fuerzas policiales de la provincia mientras realizaban una manifestación pacífica a la vera de la ruta 3.

De las cinco personas que fueron detenidas, una fue alojada en la Comisaría de Villa Río Bermejito y cuatro fueron trasladadas a Fortín Lavalle. Todas recuperaron la libertad alrededor de las 19 horas por orden de la fiscal interviniente, Raquel Maldonado perteneciente a la Fiscalía Número 1 de Juan José Castelli.

Durante la tarde del 14 de octubre, el presidente del CPTCh, Darío Gómez, la vicepresidenta, Romina Duarte y el Comisionado, Santiago Osuna, se trasladaron hasta Villa Río Bermejito para entrevistarse con las víctimas y con representantes de las comunidades qom. Allí constataron una presencia policial desproporcionada: un total de 50 móviles policiales (la mitad de ellos sin la identificación correspondiente); camiones de Caballería y de bomberos; personal de diversas divisiones como Investigaciones, Caminera, Bomberos, Infantería, Policía Rural y COE (Cuerpo de Operaciones Especiales).

Según los relatos de la comunidad, los manifestantes habían coordinado con el comisario de la localidad la posibilidad de estar a la vera de la ruta sin cortar la circulación, lo cual se respetó, pero en el momento en que un dirigente indígena comenzó a rezar para iniciar la movilización sin corte de ruta, un agente policial cae al piso por un supuesto golpe que no es visible claramente en los videos difundidos, en ese momento los efectivos policiales iniciaron la represión con disparos de balas de goma y gas pimienta, provocando múltiples heridos y detenciones.

Por testimonios orales y el registro de video se puede estimar de 20 a 30 heridos mínimamente, sin embargo, sólo 3 de ellos hicieron la denuncia formal acompañados por la defensora general adjunta Gisela Gauna Wirtz y la Coordinadora de Pueblos Indígenas del Poder Judicial Elizabeth González, las demás víctimas refirieron tener temor a las futuras represalias de las fuerzas de seguridad si denunciaban.

El CPTCh a través del Área  de intervención temprana, estuvo manteniendo comunicación con dirigentes indígenas desde las primeras horas de la tarde de la jornada del 14 de octubre. A su turno, el Coordinador del Área de Pueblos Originarios del Comité se encontraba en la zona y en la Comisaría donde permanecían las personas detenidas, mientras que el Coordinador del Área Jurídica recababa información sobre la actuación de la fiscalía y las medidas judiciales.

El Jefe de Policía del Chaco, Comisario General, Fernando Javier Romero, junto con el Subjefe, Comisario General Manuel Victoriano Silva, quienes se encontraban en el lugar, informaron a los Comisionados que la represión se produce a partir de una supuesta agresión a personal policial, lo cual a la luz de los videos viralizados en redes sociales y portales digitales no queda del todo claro tal acción, lo que seguramente deberá ser investigado judicialmente para ratificar o descartar esta hipótesis planteada por la máxima autoridad policial. Romero expresó que tenía afectados a este operativo a 350 policías de toda la provincia, que se quedarían 3 días en la localidad, y agregó que la policía del Chaco no hace ningún tipo de mediación o gestiones ante organismos o ministerios, destacando que la orden expresa que tiene de la autoridad política es no permitir ningún tipo de interrupción del tránsito. 

“La represión a una protesta social pacífica constituye un hecho de extrema gravedad. El uso de la fuerza estatal debe regirse por los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente vulneradas”, señaló el presidente del CPTCh, Darío Gómez.

Por su parte, la vicepresidenta del Comité, Romina Duarte, sostuvo: “Nos preocupa la criminalización de la protesta y el despliegue de fuerzas policiales desmedidas en contextos donde se reclaman derechos básicos. Estamos acompañando a las víctimas y monitoreando la situación para garantizar que no haya nuevas vulneraciones”.

La comunidad de Villa Río Bermejito continúa en estado de alerta y asamblea permanente debido a la desproporcionada presencia policial, y a la espera de respuestas de sus reclamos. Es así que el CPTCh en cumplimiento de sus funciones y atribuciones establecidas por ley se encuentra a disposición de las víctimas para ampliar denunciar o recepcionar nuevas en el caso que sea necesario.