LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA LEGISLATURA RECIBIÓ AL COMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA PARA ANALIZAR SU SITUACIÓN INSTITUCIONAL

Autoridades del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco participaron de una reunión de trabajo convocada por la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura provincial, en la que se abordó el estado de situación actual del organismo y distintos desafíos vinculados a su fortalecimiento institucional.

En representación del Comité estuvieron presentes su presidente Darío Gómez, la vicepresidenta Romina Duarte y los comisionados Santiago Osuna y Roberto Sotelo.

Durante el encuentro se realizó un intercambio sobre el funcionamiento del organismo y se expusieron las principales dificultades que atraviesa actualmente el Comité para el desarrollo de sus tareas.

Entre los temas planteados se destacó la situación presupuestaria, señalando la necesidad de contar con previsibilidad y recursos acordes a las funciones que la normativa le asigna. Asimismo, se reiteró la necesidad de avanzar en el tratamiento de la estructura de cargos del organismo, una definición que permanece pendiente desde la creación del Comité y que se encuentra contemplada en la ley que regula su funcionamiento. Desde el organismo señalaron que esta situación repercute directamente en la precarización laboral y limita el fortalecimiento de las capacidades operativas e institucionales necesarias para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones.

Otro de los ejes de la reunión fue la necesidad de avanzar en el reconocimiento del rango constitucional del Comité, como herramienta para consolidar su autonomía institucional y garantizar condiciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo, prevención y protección de derechos en contextos de encierro y otros ámbitos bajo supervisión.

Desde el Comité se valoró el espacio de diálogo institucional con las y los integrantes de la Comisión, destacando la importancia de generar instancias de trabajo conjunto que permitan fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la provincia del Chaco.

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